Coljuegos abre comentarios al registro RIC de máquinas tragamonedas hasta el 31 de julio
La Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar en Colombia, conocida como Coljuegos, puso a disposición del público un proyecto que modifica la Resolución No. 20250028594 del 11 de diciembre de 2025, la norma que hoy reglamenta el Registro Único de Importadores y Comercializadores de máquinas electrónicas tragamonedas y demás elementos de juego de suerte y azar en Colombia (RIC). La entidad recibirá observaciones de importadores, comercializadores, fabricantes, gremios del sector y de cualquier ciudadano interesado hasta el 31 de julio.
Qué es Coljuegos y por qué puede hacer esto
Antes de entrar en el detalle del proyecto, vale la pena entender por qué Coljuegos puede hacer algo tan específico como decidir quién importa y vende máquinas tragamonedas en Colombia. La respuesta es sencilla: en este país, los juegos de azar son un monopolio del Estado. Así lo estableció la Ley 643 de 2001, que le dio al Estado la última palabra sobre quién puede explotar estos juegos y en qué condiciones, con una razón de fondo: el dinero que se usa en una máquina tragamonedas legal está destinado, por ley, a financiar el sistema de salud subsidiado de los colombianos. Para administrar ese negocio, en 2011 el Gobierno creó a Coljuegos mediante el Decreto Ley 4142, ajustado después en 2015, como una entidad pública encargada de vigilar y reglamentar los juegos de suerte y azar en nombre del Estado. Por eso es Coljuegos, y no cualquier otra entidad, la que tiene la facultad de decidir quién puede entrar al negocio de las tragamonedas y bajo qué reglas.
Lo que cambia para quien vive de importar y vender máquinas
Hoy la autorización para figurar en el RIC dura cuatro años, y el proyecto la reduce a uno solo, aunque renovable, con el argumento de que la entidad necesita revisar con más frecuencia si importadores y comercializadores siguen cumpliendo los requisitos. Quienes ya tienen su autorización vigente respiran un poco más tranquilos, porque un régimen de transición les respeta los cuatro años originales. El texto también fija un piso de capacidad financiera que antes no existía con esta precisión: los importadores deberán acreditar un patrimonio bruto de al menos 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes, y los comercializadores de 50, certificado en ambos casos por contador público o revisor fiscal. A eso se suma una separación más clara entre las obligaciones de reporte de unos y otros, con informes bimensuales o mensuales sobre lo que hay en bodega, y la exigencia de reportar dentro de los diez días hábiles siguientes a la nacionalización de un equipo o a su venta. Coljuegos precisa además el mecanismo con el que cruzará esa información con lo que reporta la DIAN, la autoridad de impuestos y aduanas del país, para verificar que cada máquina que entra legalmente al territorio nacional quede también registrada en el RIC.
Un procedimiento sancionatorio pensado para ir más rápido
El proyecto crea un procedimiento administrativo sancionatorio de carácter sumario, exclusivo para quienes incumplan sus obligaciones de reporte, con sus etapas de apertura, pliego de cargos, notificación, descargos, período probatorio, decisión y recursos, de manera que el debido proceso quede garantizado sin que el trámite se eternice. El cumplimiento tardío se paga con suspensión provisional de la autorización por tres meses, y quien omita por completo el reporte, o reincida más de tres veces en la tardanza, se expone a que le cancelen la autorización y a que su caso pase a la Gerencia de Control de Operaciones Ilegales.
A quien le cancelen su autorización en el RIC no podrá solicitar una nueva durante un año completo, una inhabilidad que, para un negocio cuyo funcionamiento depende del movimiento constante de inventario, representa quedar fuera del mercado formal durante un periodo completo.
Cómo participar antes de que se cierre la ventana
Coljuegos dejó claro que el proyecto está abierto a comentarios de importadores, comercializadores, fabricantes, gremios y ciudadanía en general hasta el 31 de julio de 2026, mediante una matriz que puede descargarse de su sitio web y un canal habilitado para recibir los comentarios. Para los importadores y comercializadores de máquinas tragamonedas que operan en todo el país, esa ventana de unos pocos días puede ser la última oportunidad de decirle a Coljuegos, sus puntos de vista y qué tan sostenible es de verdad este nuevo capítulo del negocio de las tragamonedas.
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