Costa Rica impulsa reforma contra las apuestas ilegales
La Asamblea Legislativa de Costa Rica retomó uno de los debates más sensibles de los últimos años: cómo regular un mercado de apuestas que hoy opera, en más de la mitad de los casos, fuera de cualquier control estatal. El expediente 25.600, presentado por la diputada Esmeralda Britton, expresidenta de la Junta de Protección Social, busca convertir a la JPS en la única autoridad reguladora y de supervisión del juego en el país, con la meta declarada de frenar el avance del juego ilegal en línea y recuperar recursos que hoy escapan al fisco y a los programas sociales.
Un vacío legal que las apuestas digitales han sabido aprovechar
Costa Rica carece todavía de un sistema local de licencias para el juego en línea. La JPS administra las loterías estatales y algunos juegos autorizados, pero buena parte de las plataformas de apuestas deportivas y casinos virtuales que operan desde suelo costarricense lo hacen a través de estructuras corporativas que no están sujetas a un marco regulatorio comparable al de otros países de la región. Ese vacío es, precisamente, lo que el expediente 25.600 intenta cerrar: convertir a la JPS en el ente rector de todo el sector, tanto presencial como digital, con capacidad real de fiscalización.
El proyecto que se discute en la Asamblea Legislativa incorpora medidas de geobloqueo contra sitios ilegales, sistemas de verificación de identidad más estrictos para los jugadores y monitoreo técnico en tiempo real sobre los operadores con licencia. También exige la certificación obligatoria del software y los algoritmos de juego, para evitar manipulaciones y dar transparencia a un mercado que hasta ahora ha operado con escasa vigilancia. La propuesta prohíbe de forma expresa el acceso de menores de dieciocho años y establece penas de cárcel de dos a seis años para quienes operen apuestas ilegales sin autorización, además de exigir coordinación entre la JPS, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Instituto Costarricense sobre Drogas y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero.
Los números que sostienen la urgencia del proyecto
El expediente 25.600 calcula que el mercado ilegal representa cerca del 53% del sector de apuestas en el país, una cifra que se traduce en pérdidas cercanas a los 297 mil millones de colones, unos 647 millones de dólares. Ese dinero, según plantea la propuesta, debería financiar programas sociales, atención médica y cuidado de adultos mayores y poblaciones vulnerables, fines que históricamente ha cumplido la Lotería Nacional a través de la JPS. Medios costarricenses han seguido de cerca la tramitación de este proyecto, sobre todo porque no es el primer intento de reforma en esta línea.
El antecedente inmediato es el expediente 25.057, otro esfuerzo legislativo que llegó a ser aprobado por la Comisión de Seguridad y Narcotráfico en 2025, pero que terminó rechazado a inicios de 2026, dejando al sector otra vez sin un marco legal actualizado. Ese fracaso previo explica en parte la insistencia con la que ahora se plantea el expediente 25.600, con un enfoque más amplio y con la JPS como eje central del nuevo modelo regulatorio.
Costa Rica frente a los modelos de la región
Mientras la JPS sigue bajo supervisión estatal y el Ministerio de Hacienda coordina el control tributario y financiero del ecosistema de apuestas, el nuevo intento legislativo podría acercar a Costa Rica a modelos regulatorios ya probados en Colombia y Brasil, basados en supervisión centralizada, trazabilidad financiera y control tecnológico sobre los operadores. En Colombia, por ejemplo, Coljuegos y la Superfinanciera ya endurecieron el acceso bancario para los operadores de juego, aunque un tribunal suspendió provisionalmente las nuevas reglas de publicidad para el juego en línea, lo que muestra que incluso los modelos más consolidados de la región siguen ajustándose sobre la marcha. En Brasil, mientras tanto, la propia esposa del presidente Lula respalda una campaña contra las apuestas, señal de que la discusión sobre el juego no regulado también ha llegado a las más altas esferas políticas del país. Si el expediente 25.600 avanza en la Asamblea Legislativa, el país pasaría de un esquema fragmentado y con escasa fiscalización a uno donde una sola entidad concentraría la regulación de loterías, apuestas deportivas y casinos digitales.
Lo que está en juego para el sector y para el Estado
El debate legislativo llega en un momento en que la presión sobre las finanzas públicas y sobre los programas sociales que dependen de la JPS se ha vuelto más visible. Con cifras de pérdidas que superan los 600 millones de dólares al año, el expediente 25.600 no solo plantea una reforma técnica del sector del juego, sino una discusión de fondo sobre qué tanto control puede ejercer el Estado costarricense sobre un mercado digital que, por definición, no reconoce fronteras. La suerte de este nuevo proyecto, después del rechazo del expediente 25.057 en 2026, dependerá de si la Asamblea Legislativa logra un consenso que hasta ahora se le ha escapado.
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