En 2026, Nueva Zelanda prohibirá el uso de tarjetas de crédito en casinos
El gobierno de Nueva Zelanda ha dictaminado que los casinos en línea no podrán aceptar fondos de jugadores que utilicen tarjetas de crédito, lo que los ministros describen como una medida clave para evitar perjuicios financieros. La decisión fue anunciada por la ministra de Asuntos Internos, Brooke van Velden, como parte de los esfuerzos para finalizar el Proyecto de Ley de Casinos en Línea.
La legislación, que actualmente se encuentra en el Parlamento, permitiría que hasta 15 casinos en línea operen legalmente en Nueva Zelanda y publiciten sus servicios a partir de finales del próximo año. Sin embargo, la decisión del Gabinete de prohibir los depósitos con tarjeta de crédito es vista como la concesión más significativa hasta ahora en las negociaciones con los miembros del Parlamento, muchos de los cuales aún no han sido convencidos. La medida se enmarca en el renovado debate sobre el proyecto de ley en 2026, tras las discusiones iniciales celebradas en septiembre de 2025.
Los ministros esperan que la restricción responda a la creciente preocupación por el endeudamiento vinculado al juego y el juego problemático en el entorno digital. Según la normativa propuesta, los casinos en línea tendrían prohibido aceptar tarjetas de crédito, aunque los detalles de esta política todavía se están incorporando al reglamento.
Evitar el “ciclo de endeudamiento”
Van Velden afirmó que impedir la financiación mediante tarjetas de crédito busca evitar que los jugadores caigan en un “ciclo” de endeudamiento. Argumentó que las tarjetas de crédito facilitan que personas vulnerables jueguen por encima de sus posibilidades y que, a medida que evoluciona el mercado del juego en línea, se necesitan salvaguardias más estrictas.
“No quería terminar con personas que, al utilizar el juego en línea, acabaran acumulando más deudas y metiéndose en una especie de ciclo”.
– Brooke van Velden, ministra de Asuntos Internos de Nueva Zelanda
Las autoridades prevén que la venta de licencias para casinos en línea podría aportar al Gobierno alrededor de 44 millones de dólares neozelandeses (25,6 millones de dólares estadounidenses). Al mismo tiempo, otras concesiones incluyen el acuerdo de que los operadores deben transferir el 4% de sus ingresos brutos por juego, definidos como el total recaudado menos los premios pagados, a organizaciones benéficas y grupos comunitarios.
Sin embargo, no todas las reacciones han sido positivas. Martin Cheer, director general de Pub Charity y crítico declarado del proyecto de ley, cuestionó si la restricción de las tarjetas de crédito disuadirá a los operadores que buscan licencias. También puso en duda la aplicación de la medida, al señalar que “nadie hace transferencias bancarias”, dando a entender que muchos jugadores prefieren otros métodos de pago.
La medida replica el camino de la vecina Australia
La decisión de Nueva Zelanda sigue una senda similar a la de la vecina Australia, que prohibió las tarjetas de crédito y determinados métodos de pago digitales para el juego en línea a mediados de 2024. En virtud de la enmienda a la Ley de Juego Interactivo de Australia, los proveedores de apuestas en línea ya no pueden aceptar tarjetas de crédito, productos vinculados al crédito ni monedas digitales. Esto equipara las apuestas en línea a las normas que ya rigen en los locales físicos. Las empresas que no cumplan se enfrentan a posibles multas de hasta 247.500 dólares australianos (165.190 dólares estadounidenses).
El Gobierno australiano impulsó estos cambios principalmente por la preocupación en torno a la adicción al juego y la facilidad con la que las personas podían acceder al crédito para financiar sus apuestas. Grupos de defensa del consumidor y asociaciones bancarias respaldaron las reformas, al considerar que ofrecerían una mayor protección a los australianos vulnerables con riesgo de caer en espirales de endeudamiento a través del juego.
Los críticos de la prohibición australiana han señalado desafíos prácticos, como el traslado de los jugadores a cuentas de débito u otros métodos de pago, así como el riesgo de que la prohibición empuje la actividad hacia operadores fuera del país que no están sujetos a la normativa local.
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