Alcaldes de Puerto Rico denuncian distribución de $4.7 millones de máquinas de azar sin criterios claros
La Asociación de Alcaldes de Puerto Rico denunció que una resolución del Senado distribuyó $4.7 millones de ingresos de máquinas de azar entre 10 municipios sin explicar los criterios de selección, dejando fuera al oeste de la isla y a los 41 municipios que representa.
Christian Cortés Feliciano lleva años gobernando Aguada, un municipio en el extremo noroeste de la isla donde los recursos escasean y las promesas de redistribución llegan cuando ya el daño está hecho. El jueves pasado, el alcalde y secretario de la Junta de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico articuló en voz alta lo que muchos de sus colegas musitan en privado: que sus municipios no existen en el mapa de quienes deciden dónde va el dinero público, y que la prueba más reciente no es una intuición política sino un documento legislativo con nombres, cifras y ausencias muy concretas.
Un reparto sin mapa ni brújula: ningún criterio en el texto
El problema fue una resolución aprobada por el Senado para distribuir fondos generados por máquinas de juegos de azar, dispositivos cuya regulación en Puerto Rico atravesó una reforma importante con la Ley Núm. 112-2024, que enmendó la Ley de Máquinas de Juegos de Azar de 1933 y estableció un nuevo proceso de licencias por fases bajo la Comisión de Juegos. El documento legislativo ahora cuestionado asigna entre $300,000 y $714,000 a diez municipios, pero sin que ningún artículo explique por qué esos diez y no otros, por qué esas cantidades y no otras, ni bajo qué lógica se construyó la selección. El presidente de la Asociación de Alcaldes, Jorge González Otero, formalizó la crítica: “Nos preocupa profundamente que no se hayan presentado los parámetros utilizados para seleccionar a los municipios beneficiados”, señaló, cuestionando si la distribución responde a población, niveles de pobreza, situación fiscal municipal, cantidad de máquinas por pueblo o cuánto aporta cada municipio al fondo. La respuesta es la misma para todas las preguntas: la medida no lo dice.
Los $4.7 millones que nadie explicó cómo se repartieron
Fue en ese silencio documental donde se reveló la magnitud del asunto. La resolución distribuye $4.7 millones entre Aguas Buenas, Yauco, Corozal, Aibonito, Barranquitas y Maunabo ($450,000 cada uno), mientras Cidra y Orocovis reciben $300,000 respectivamente, y Guayanilla y Las Marías se llevan $714,000 cada una. Son municipios de perfiles socioeconómicos distintos y realidades fiscales dispares, pero todos comparten algo que González Otero señaló con precisión: ninguno de los 41 municipios de la Asociación está entre los beneficiados. “Resulta igualmente llamativo que, de los 41 municipios que integran la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, no se haya incluido ni uno solo en la distribución anunciada”, sostuvo. La declaración no es un lamento sino una pregunta envuelta en cortesía institucional: ¿quién eligió a estos diez y por qué? El contraste con otras jurisdicciones de la región es elocuente porque en Colombia, donde los ingresos del sector de juegos de azar se canalizan al sistema de salud bajo criterios definidos y auditables, existen reportes públicos que detallan qué modalidad generó cuánto y adónde fue cada peso, una cadena de trazabilidad que en el texto aprobado por el Senado de Puerto Rico sencillamente no existe.
El oeste que no aparece en el presupuesto legislativo
Cortés Feliciano fue más directo que cualquier eufemismo institucional hubiera permitido. Ningún municipio del oeste recibió un centavo, y lo dijo sin espacio para interpretaciones diplomáticas: “El País debe saber que ningún municipio del oeste recibió un solo centavo. Una vez más, los intereses y las necesidades de Aguada, así como de los demás pueblos del oeste, no fueron una prioridad al momento de distribuir estos recursos”. El alcalde indicó que la medida pasa ahora a la Cámara de Representantes y expresó confianza en que ese cuerpo enmiende la resolución antes de que se convierta en ley, aunque el historial legislativo de enmiendas en segunda cámara a resoluciones ya aprobadas en el Senado no invita al optimismo automático.
La Asociación activa la Ley de Transparencia para exigir datos públicos
La directora ejecutiva de la Asociación de Alcaldes, Verónica Rodríguez Irizarry, tomó la ruta técnica. Informó que la organización cursó un requerimiento formal bajo la Ley 141-2019, Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública, dirigido a la Oficina de Gerencia y Presupuesto y al Departamento de Hacienda. Lo que pide la Asociación es concreto: cuántas máquinas operan en cada municipio, cuánto generan y cuál es la aportación de cada pueblo al fondo que acaba de distribuirse de manera tan selectiva. “Esa información es indispensable para que el pueblo pueda evaluar si la distribución realizada responde a criterios objetivos y equitativos”, afirmó Rodríguez Irizarry, fijando el estándar de rendición de cuentas que la resolución del Senado, en su estado actual, no cumple. Mientras ese requerimiento transita por los pasillos burocráticos de San Juan, los alcaldes del oeste y los 41 municipios de la Asociación siguen esperando que alguien explique por qué el dinero que se genera en toda la isla no se distribuye mirando a toda la isla.
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