Bancos e influencers podrían ser responsables de los impuestos adeudados por operadores de apuestas sin licencia
En otra medida destinada a combatir el mercado ilegal de las apuestas en Brasil, una nueva ordenanza publicada por el Ministerio de Hacienda establece que las entidades financieras, las empresas de pagos e incluso las personas que promocionen operadores sin licencia podrán ser consideradas responsables solidarias de los impuestos derivados de las actividades realizadas por plataformas no autorizadas.
La medida se oficializó mediante la Ordenanza n.º 1.766, de 17 de junio de 2026, que regula la responsabilidad tributaria solidaria establecida en la Ley Complementaria n.º 224/2025. El objetivo es impedir que las empresas de apuestas sin autorización sigan operando en el país utilizando el sistema financiero brasileño, al tiempo que se amplían los mecanismos de supervisión ya empleados por la Secretaría de Premios y Apuestas (SPA).
La nueva norma forma parte de una serie de medidas adoptadas desde el inicio de la regulación del mercado de apuestas de cuota fija, que entró en vigor en enero de 2025, cuando únicamente las empresas autorizadas pasaron a poder ofrecer apuestas deportivas y juego en línea a los consumidores brasileños.
Las entidades dispondrán de 24 horas para bloquear las transacciones
La ordenanza establece que los bancos, las entidades de pago y las empresas responsables de sistemas de transferencia financiera podrán ser consideradas responsables de los impuestos adeudados por operadores irregulares si continúan procesando pagos dirigidos a estas plataformas tras recibir una notificación oficial del Gobierno.
La comunicación será enviada conjuntamente por la Secretaría de Premios y Apuestas y la Secretaría Especial de la Receita Federal de Brasil. Una vez recibida la notificación, las entidades dispondrán de solo 24 horas para implantar medidas destinadas a impedir nuevas transacciones financieras relacionadas con la empresa identificada como irregular.
Según el texto, la notificación deberá identificar claramente al operador que actúa sin licencia y aportar información suficiente para que se interrumpan las transacciones vinculadas a la actividad de apuestas de cuota fija.
En la práctica, la regulación crea un mecanismo similar a los utilizados en otros sectores para combatir actividades ilegales: en lugar de actuar exclusivamente contra el operador, el Gobierno dirigirá sus acciones contra la infraestructura financiera que permite el movimiento de fondos. Sin recursos, no existe viabilidad operativa.
Los influencers y anunciantes también podrán ser responsables de los impuestos
Otro aspecto destacado de la ordenanza es la ampliación de la responsabilidad tributaria a las personas físicas y jurídicas que promocionen empresas de apuestas no autorizadas. Según la regulación, los influencers, afiliados, agencias de publicidad y otras partes implicadas en la promoción comercial de plataformas sin licencia federal podrán ser considerados responsables solidarios de los impuestos derivados de esas actividades ilegales.
En los últimos años, la participación de celebridades, creadores de contenido y deportistas en campañas para operadores extranjeros se ha vuelto cada vez más habitual, lo que ha llevado a las autoridades y a los organismos del sector a reclamar normas más estrictas sobre la promoción del juego.
Aunque la ordenanza aborda específicamente la responsabilidad tributaria, refuerza el mensaje de que promocionar operadores ilegales puede acarrear consecuencias que van más allá de posibles sanciones administrativas.
Estrategia de asfixia financiera
La iniciativa forma parte de una estrategia que el Gobierno ha descrito como un proceso de «asfixia financiera» del mercado ilegal de las apuestas. Desde octubre de 2024, la SPA mantiene un acuerdo de cooperación técnica con la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) para identificar y bloquear sitios web que operan sin autorización en Brasil.
Según los datos publicados por la Secretaría, desde el inicio de la colaboración ya se han bloqueado más de 50.000 dominios ilegales. El organismo también informó de que está desarrollando un laboratorio virtual para acelerar la identificación de plataformas irregulares y reducir el tiempo necesario para desconectarlas.
Además del bloqueo de sitios web, la supervisión también se extiende a la publicidad digital. Hasta la fecha, las actuaciones de control han dado lugar a la eliminación de 780 perfiles en redes sociales, 306 publicaciones consideradas irregulares y 190 aplicaciones de apuestas no autorizadas. Estas labores se llevan a cabo en cooperación con el Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria (Conar) y el Consejo Digital de Brasil, entidad que reúne a algunas de las principales empresas tecnológicas que operan en el país.
La lucha contra el mercado ilegal se ha convertido en una de las prioridades del Gobierno tras la entrada en vigor del modelo regulado en Brasil. Para las autoridades, reducir el flujo de actividades de apuestas ilegales es esencial no solo para aumentar la recaudación fiscal, sino también para garantizar que los consumidores estén protegidos por normas de juego responsable, medidas contra el blanqueo de capitales y mecanismos de resolución de conflictos.
La autoexclusión supera las 650.000 solicitudes
Paralelamente a las medidas de control, la Secretaría de Premios y Apuestas también busca reforzar las iniciativas relacionadas con el juego responsable. En diciembre de 2025, el organismo puso en marcha la Plataforma Centralizada de Autoexclusión, que permite a los usuarios solicitar, mediante un único procedimiento, el bloqueo del acceso a todos los operadores de apuestas autorizados por el Gobierno federal.
Las cifras más recientes muestran que la herramienta ya ha registrado más de 650.000 solicitudes de autoexclusión. La mayoría de los usuarios optó por un periodo de exclusión indefinido, mientras que una proporción menor eligió plazos determinados, siendo el de doce meses el más habitual.
La plataforma representa un cambio importante en el modelo brasileño, ya que anteriormente cada operador mantenía sus propios sistemas de exclusión voluntaria. Con el proceso centralizado, el Gobierno puede supervisar el comportamiento de los usuarios de forma más amplia y medir el alcance de las políticas de protección al jugador.
La nueva ordenanza demuestra que el Poder Ejecutivo pretende aumentar la presión sobre todas las partes que, directa o indirectamente, apoyen las actividades de operadores de apuestas ilegales. Queda por ver cómo adaptarán sus procesos internos los bancos, las fintech, las empresas de marketing digital y los creadores de contenido para cumplir los nuevos requisitos. El breve plazo para interrumpir las operaciones y la posibilidad de ser considerados responsables solidarios de deudas tributarias probablemente fomentarán una mayor cautela en las relaciones con operadores que no cuenten con autorización para operar en el país.
Este artículo se publicó por primera vez en la edición de SiGMA News en portugués el 19 de junio de 2026.
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