Casinos filipinos bajo la lupa mientras el AMLC investiga caso de corrupción
El Consejo contra el Lavado de Dinero de Filipinas (AMLC) ha ampliado su investigación sobre la presunta corrupción relacionada con proyectos gubernamentales de control de inundaciones, rastreando activos en el extranjero y posibles actividades de lavado de dinero que podrían incluir la operación de casinos. El consejo afirmó estar trabajando con socios internacionales para identificar y recuperar propiedades y cuentas financieras en el extranjero posiblemente adquiridas con fondos ilícitos.
En una entrevista radial, el director ejecutivo del AMLC, Matthew David, afirmó que ya se está coordinando con jurisdicciones extranjeras a través de tratados de asistencia legal mutua. Estos acuerdos permiten que Filipinas solicite la congelación o el decomiso de activos en el extranjero que se demuestre fueron obtenidos con fondos públicos. Una vez validados, dichos bienes pueden ser repatriados al tesoro nacional.
Hasta el momento, el AMLC ha obtenido cuatro órdenes de congelamiento emitidas por el Tribunal de Apelaciones de Filipinas, que cubren un valor estimado de 4.200 millones de pesos filipinos (72,2 millones de dólares) en presunta riqueza ilícita. Estas órdenes abarcan 1.620 cuentas bancarias, 163 vehículos, 40 propiedades inmobiliarias, 54 pólizas de seguro y 12 billeteras electrónicas. El monto total podría aumentar a medida que las investigaciones revelen nuevas transacciones y beneficiarios.
Las órdenes de congelamiento son válidas por 20 días y pueden extenderse hasta seis meses. Durante ese período, se espera que el AMLC inicie procedimientos de decomiso civil ante el Tribunal Regional para que el gobierno pueda tomar control permanente de los activos incautados.
Casinos y bancos enfrentan una supervisión más estricta
Los casinos y bancos han sido puestos bajo una vigilancia más rigurosa como parte del esfuerzo del AMLC por evitar que el sistema financiero sea utilizado para ocultar fondos públicos. El consejo trabaja junto con la Corporación Filipina de Entretenimiento y Juegos (PAGCOR) para evaluar el cumplimiento de la Ley Antilavado de Dinero y sus normas de aplicación dentro del sector del juego.
David señaló que se están examinando los casinos para determinar si sus sistemas de reporte de transacciones grandes o sospechosas están siendo aplicados correctamente. El AMLC considera a los casinos como “personas cubiertas” bajo la ley, lo que significa que deben reportar transacciones que superen los 5 millones de pesos filipinos (85.985 dólares) en un solo día.
Al mismo tiempo, el consejo recordó a los bancos locales que son la primera línea de defensa contra el lavado de dinero. La advertencia llega mientras el Land Bank of the Philippines y el Development Bank of the Philippines, ambos de propiedad estatal, enfrentan cuestionamientos por grandes retiros vinculados al escándalo.
Si se determina negligencia en la detección o reporte de transacciones sospechosas, los bancos podrían enfrentar sanciones administrativas, medidas de cumplimiento o incluso cargos penales. Los funcionarios bancarios que resulten cómplices de ocultar transferencias ilegales también podrían ser procesados judicialmente.
Escándalo con autos de lujo vinculado a la controversia del control de inundaciones
La Comisión Independiente para la Infraestructura (ICI), que centraliza las investigaciones de corrupción relacionadas con proyectos de obras públicas, también está siendo instada a citar a funcionarios de la Oficina de Aduanas (BOC) y de la Oficina de Transporte Terrestre (LTO). Legisladores exigen que ambas agencias expliquen cómo ocho vehículos de lujo, supuestamente propiedad del matrimonio Discaya, fueron importados y registrados a pesar de haber sido clasificados como contrabando.
El representante del partido Bicol Saro, Terry Ridon, señaló que determinar la responsabilidad de las agencias es esencial para entender cómo vehículos importados ilegalmente ingresaron al sistema de registro del país. Se espera que la ICI revise los registros de importación, las inscripciones vehiculares y posibles actos de colusión dentro de las oficinas regulatorias.
Llamado a reactivar el Compromiso de Integridad del DPWH
Mientras tanto, el representante de Las Piñas, Mark Anthony Santos, instó al secretario de Obras Públicas, Vince Dizon, a restablecer la política del “Compromiso de Integridad”, un programa que exige a todos los contratistas y proveedores firmar un acuerdo anticorrupción antes de colaborar con el Departamento de Obras Públicas y Carreteras (DPWH).
La política, introducida por primera vez en 2013 por el entonces secretario Rogelio Singson, fue diseñada para desalentar la colusión y promover la transparencia en los procesos de licitación e implementación de proyectos. Santos afirmó que revivir el compromiso podría ayudar a restaurar la confianza pública y reforzar la rendición de cuentas dentro de la agencia en medio de las investigaciones en curso.
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