Uruguay: Tribunal habilita prueba clave en juicio millonario de casinos
El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1.º turno de Montevideo, revocó un fallo inicial y permitió a Vidaplan S.A. (concesionaria de salas de juego en Uruguay) incorporar hechos nuevos en su demanda por USD 25 millones contra la Dirección General de Casinos (DGC). El incendio en Punta Shopping emerge como prueba central para alegar competencia desleal entre casinos. Esta decisión reabre el expediente iniciado en 2020.
Revocación habilita prueba clave en juicio
El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1.º turno tomó una decisión procesal clave. Revocó la resolución de la jueza Fabiana Weisz Collazo, que había rechazado nueva evidencia en el litigio de Vidaplan contra la DGC. Por tanto, el expediente avanza con un juez subrogante.
Además, la Sala aplicó el artículo 121.2 del Código General del Proceso. Los hechos nuevos deben ser posteriores al inicio del juicio, estar relacionados con el objeto del juicio y ser capaces de incidir en el derecho reclamado. Sin embargo, el Tribunal aclaró que esta etapa no analiza el fondo del caso.
Asimismo, criticó a la primera instancia por valoraciones prematuras, propias de una sentencia definitiva. De esta forma, se garantiza que la prueba se evalúe en la definición definitiva. Este giro procesal redefine el curso del conflicto.
El expediente, uno de los más relevantes del sector de casinos en Uruguay, gana impulso. Vidaplan, vinculada al ex Hotel Mantra y a la ex operadora del Casino Nogaró, fortalece su posición.
Incendio Punta Shopping como prueba clave
El incendio en el Centro comercial Punta Shopping, ocurrido entre 2022 y 2023, emerge como elemento probatorio decisivo en el caso en el que presuntamente se alega que se utilizó competencia desleal al modernizar y fortalecer el casino estatal.
El incendio provocó el cierre parcial del centro comercial, pero el casino estatal permaneció operativo en Punta del Este. Mientras el Casino Nogaró recuperó ingresos, la sala del shopping registró una caída significativa. Según la empresa, esto demuestra que ambos establecimientos compiten por la misma clientela. Además, refuerza uno de los pilares de su demanda por competencia desleal.
Sin embargo, el Tribunal evitó valorar su peso en esta instancia. Estableció que su relevancia se determinará en la sentencia final. Asimismo, limitó la admisión a hechos que cumplieran requisitos estrictos.
Este suceso no forma parte del origen del litigio, pero reconfigura su lectura. Para profesionales del sector, ilustra cómo los eventos externos pueden afectar los argumentos contractuales. La DGC, por su parte, sostiene que no existe competencia entre operadores privados y estatales.
Origen demanda por USD 25 millones
La demanda surgió tras la rescisión del contrato de subarrendamiento del Casino Nogaró en 2020. Vidaplan acusa a la DGC de una estrategia comercial para fortalecer el casino estatal de Punta Shopping. Esto, alega, perjudicó su operación privada.
Además, la empresa reclama daños por despidos, deudas con proveedores y costos operativos. Por tanto, busca USD 25 millones en compensación. Sin embargo, el Estado cuestiona la existencia de competencia desleal.
Asimismo, argumenta que los hechos invocados ocurrieron años después de finalizar la relación contractual. El Tribunal, en esta fase interlocutoria, no entró en esa disputa. Desplazó la resolución al fallo de fondo.
Nuevo impulso al expediente de casinos
Con la resolución, el litigio entra en una nueva fase. Vidaplan incorporará pruebas sobre el incendio y su impacto en ambos casinos. Estos elementos buscan demostrar el nexo entre la conducta de la DGC y los perjuicios reclamados.
Por tanto, amplía la base probatoria del expediente de 2020. Sin embargo, el resultado permanece abierto. El eje se desplaza hacia la evaluación concreta de esos hechos en la sentencia definitiva.
Además, esta interlocutoria redefine el escenario del sector. Empresarios analizan cómo pruebas posteriores pueden alterar demandas por competencia desleal en casinos. Funcionarios evalúan las implicancias regulatorias en las operaciones estatales.
Asimismo, el fallo refuerza el rol del artículo 121.2 en procesos judiciales complejos y el juicio contra la DGC prosigue con mayor profundidad probatoria.
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