La reforma del juego en Uruguay podría generar 600 millones de dólares y 20.000 empleos
Una importante reforma del sector de los juegos de azar podría ocurrir en Uruguay, con estimaciones preliminares que indican que un régimen regulatorio reestructurado podría generar hasta 20.000 nuevos empleos y atraer aproximadamente 600 millones de dólares en inversión económica.
Según informó iGaming Expert, las cifras fueron presentadas por la recientemente creada Cámara de Operadores e Inversores de Servicios de Casino, constituida en diciembre para actuar como órgano consultivo del sector ante el gobierno del Frente Amplio en materia de política de juego, creación de empleo, inversión y protección del consumidor.
La cámara del sector respalda una ley unificada de juego
La creación de la Cámara se produce mientras el presidente Yamandú Orsi avanza con una promesa de campaña para modernizar el marco del juego en Uruguay mediante una ley unificada que regule todas las actividades de juego. En la actualidad, el sector está regulado a través de una estructura legal fragmentada que abarca la Ley de Casinos, normativas turísticas y disposiciones de la Ley de Transformación Digital de 2017, un sistema que muchos actores del sector consideran obsoleto e inadecuado para los mercados de juego modernos.
Según informó SBC Noticias, la Cámara reúne a muchos de los principales concesionarios de casinos de Uruguay, entre ellos Grupo Codere, Baluma S.A., operadora de Enjoy Punta del Este, Compañía Rioplatense de Hoteles, que gestiona el Radisson Montevideo Victoria Plaza, así como Manteo S.A., Naranpark S.A. y Mirador Campero S.A. En conjunto, estos operadores conforman el núcleo de la industria regulada de casinos y resorts de juego del país.
El sector reclama una regulación moderna
En declaraciones a medios locales, recogidas por iGaming Expert, Luis Gama Hernández, exdirector de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas y actual secretario ejecutivo de la Cámara, señaló que la creación de la organización refleja la necesidad de un diálogo coherente y técnicamente fundamentado con el Estado, en un momento en que Uruguay se prepara para una reescritura profunda de sus leyes de juego.
Indicó que el país tiene la oportunidad de establecer un modelo regulatorio claro, equilibrado y sostenible que refleje la realidad actual del mercado, subrayando que el sector del juego ya sostiene miles de empleos formales y sigue siendo un motor clave del turismo regional, especialmente en Punta del Este. Según Gama, la prioridad ahora es un marco que fomente la inversión y acompañe el ritmo de la innovación.
La Cámara tiene el mandato de analizar todas las actividades de juego para adultos, incluido el juego en línea, casinos, salas de bingo, salones recreativos y máquinas tragamonedas, excluyendo las loterías y quinielas. Aunque no puede presentar proyectos de ley por sí misma, su evaluación económica inicial destacó el atractivo de Uruguay como destino turístico para países vecinos y señaló la red consolidada de resorts de casino con licencia que ya operan bajo altos estándares de seguridad y calidad, pese a la actual fragmentación legal.
Marco actual del juego en Uruguay
Uruguay ha mantenido históricamente controles estrictos sobre el juego, especialmente sobre las apuestas en línea, que están reguladas por la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas. Solo los operadores expresamente autorizados por el Estado pueden ofrecer servicios de juego, mientras que las plataformas en línea no autorizadas son ilegales según la legislación vigente.
El marco regulatorio también incluye fuertes facultades para bloquear sitios web ilegales, restringir el procesamiento de pagos vinculados a actividades de juego ilícitas y prohibir la publicidad no autorizada, con importantes sanciones económicas a disposición de las autoridades. Estas medidas fueron diseñadas para proteger a los consumidores y mantener el control estatal, pero cada vez se perciben más desalineadas con la realidad de los mercados de juego digitales.
Aplicación de la ley y preocupación por el juego ilegal
Sin entrar deliberadamente en recomendaciones sobre impuestos, la Cámara advirtió que las leyes penales y de control de Uruguay ya no son adecuadas. Sostuvo que las sanciones obsoletas están contribuyendo a la expansión del juego ilegal y generando desequilibrios competitivos que perjudican a los operadores que cumplen las normas, lo que refuerza la necesidad de una actualización legal urgente para que el mercado regulado siga siendo creíble y eficaz.
En agosto, el gobierno uruguayo consolidó las normas fiscales que rigen el juego electrónico mediante un decreto. El impuesto se mantiene en 0,75% sobre cada apuesta realizada en establecimientos autorizados, según informaron el Ministerio de Economía y Finanzas de Uruguay y medios locales.
Respuesta política y próximos pasos
La Asamblea General ya comenzó a analizar propuestas iniciales de reforma, aunque las primeras presentaciones han sido calificadas como vagas y de alcance limitado. Un proyecto de ley formal, presentado por el senador Felipe Carballo, propone la creación de una plataforma estatal de juego en línea operada por la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas, con una participación privada muy acotada mediante esquemas de licencias mixtas. El presidente Orsi y altos funcionarios del Frente Amplio señalaron que la propuesta no los convenció, al considerar que queda por debajo de los objetivos más amplios del gobierno.
Los líderes del sector siguen sosteniendo que la competitividad futura de Uruguay depende de un marco regulatorio transparente y favorable a la inversión, que modernice la supervisión y garantice condiciones equitativas para los operadores con licencia. Como concluyó Gama, la arquitectura legal del país pertenece a otra época y la reforma no puede ser parcial, remarcando que solo un enfoque integral y preparado para el futuro permitirá proteger a los jugadores, crecer de forma responsable y competir a escala global.
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