La CCJ de Brasil aprueba un proyecto de ley para apoyar a las familias afectadas por el juego
La Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) de Brasil aprobó un proyecto de ley para crear una Política Nacional de Apoyo Integral a las Personas y Familias Afectadas por las Prácticas de Juego y Apuestas.
La medida establece directrices nacionales sobre prevención, atención psicológica y psiquiátrica, asistencia social y programas de reintegración para quienes luchan contra la adicción al juego, conocida localmente como ludopatía. También hace hincapié en la cooperación entre organismos de salud, finanzas y regulación, alineando la supervisión del juego con las prioridades de salud pública.
El proyecto de ley ha sido remitido al Congreso mediante un procedimiento conclusivo. Si algún legislador solicita una votación plenaria en la Cámara de Diputados, avanzará directamente al Senado. Las últimas reformas de Brasil ponen de manifiesto un cambio histórico de la prohibición a la regulación. Además, posicionan al país como uno de los mayores mercados emergentes del juego del mundo.
Integración en los servicios públicos
Si se promulga, la política se integrará en el Sistema Único de Salud (SUS) de Brasil, en la red de asistencia social y en la Red de Atención Psicosocial. Entre las principales iniciativas se incluyen campañas de concienciación pública, programas de prevención para niños y adolescentes, tratamiento multidisciplinario para las personas afectadas y apoyo social para las familias vulnerables.
Al abordar las normas brasileñas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo desde una perspectiva de salud pública, el proyecto de ley subraya que las salvaguardias financieras no solo sirven para prevenir delitos. También permiten tratar las adicciones, proteger a las comunidades vulnerables y reforzar la confianza en el sistema sanitario.
Reducir los flujos financieros ilícitos garantiza que los recursos puedan destinarse a iniciativas de salud pública en lugar de alimentar economías clandestinas.
Cooperación con los operadores
En virtud de la nueva normativa del juego en Brasil, los operadores de apuestas con licencia están sujetos a una obligación estricta. Por ejemplo, deben implementar controles contra el blanqueo de capitales (AML) y la financiación del terrorismo (CTF). Además, deben adoptar herramientas de juego responsable, como la autoexclusión y los límites de gasto, así como cooperar con las autoridades sanitarias en la prevención de las adicciones.
El incumplimiento puede dar lugar a multas, suspensión de licencias o incluso su revocación, según las International Comparative Legal Guides (ICLG). Además, los operadores deben cumplir las leyes brasileñas de protección de datos cuando proporcionen información anonimizada para investigaciones.
Dado que Brasil está supervisado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), sus operadores deben cumplir las normas internacionales. El proyecto de ley también exige la cooperación con los reguladores y las autoridades sanitarias. Requerirá que los operadores participen en iniciativas de detección de riesgos, apoyen estudios epidemiológicos y contribuyan al desarrollo de políticas públicas.
Los operadores también deberán invertir en campañas de concienciación que combatan el estigma y la desinformación en torno a la adicción al juego.
Se prevé que el mercado regulado del juego en Brasil genere ingresos enormes: 31.000 millones de reales brasileños (6.200 millones de dólares) en ingresos brutos del juego (GGR) en línea durante 2025, una cifra que aumentaría hasta los 64.000 millones de reales brasileños en 2030. Sin embargo, también conlleva riesgos, como el endeudamiento de los consumidores y la presión sobre los sectores minorista y sanitario, según informó iGaming Business.
Aumento de la demanda de tratamientos
Además, Brasil está poniendo en marcha campañas de concienciación obligatorias lideradas por la Secretaría de Premios y Apuestas (SPA). Esto exigirá a los operadores con licencia advertir a los jugadores sobre los riesgos de la adicción y los perjuicios financieros, prestando especial atención a los grupos más vulnerables, especialmente niños y adolescentes, a medida que se expande el mercado regulado de las apuestas.
Las encuestas muestran que el 68% de los brasileños participa en actividades de juego, mientras que el 10% ha declarado haber sufrido problemas financieros directamente relacionados con las apuestas. El autor del proyecto de ley, Ruy Carneiro, destacó la creciente demanda de tratamiento dentro del SUS, y señaló que los casos de juego patológico pasaron de 108 en 2018 a aproximadamente 1.200 en 2023.
Según el Ministerio de Salud, las consultas relacionadas con problemas de juego y apuestas aumentaron un 104 % entre 2018 y 2025, lo que pone de relieve la necesidad urgente de una respuesta nacional coordinada.
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