La falta de ingreso de las cantidades destinadas al Impuesto Único sobre los Juegos (Prelievo Unico Erariale – PREU) vuelve a situarse en el centro de atención del sector del juego regulado por el Estado en Italia. Una reciente decisión del Tribunal Supremo de Casación, según informan medios especializados, ha confirmado una condena por malversación contra el director de una empresa que gestiona máquinas de juego conectadas a la red telemática.
El caso es especialmente relevante porque confirma un criterio ya consolidado en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Casación: las cantidades recaudadas a través de las máquinas de juego no pueden considerarse fondos ordinarios de la empresa cuando incluyen importes destinados al Tesoro. En determinadas circunstancias, la falta de ingreso de las cantidades adeudadas al concesionario puede tener implicaciones penales y constituir un delito de malversación.
Para directivos, operadores, titulares de licencias y empresas de toda la cadena de suministro, la cuestión no es, por tanto, únicamente fiscal o contractual. La correcta gestión del PREU es esencial para garantizar el cumplimiento normativo, la trazabilidad y la rendición de cuentas en la recaudación de ingresos públicos procedentes del juego.
El papel del PREU en el sector del juego en Italia
El PREU es el impuesto aplicado a las máquinas recreativas con premios en metálico, en particular las máquinas Amusement With Prizes (AWP) y las Terminales de Video Lotería (VLT), y está regulado por el artículo 110 del Texto Refundido de las Leyes de Seguridad Pública (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza – TULPS). Las AWP son las denominadas “nuevas tragamonedas”, es decir, máquinas recreativas con premios en metálico. Se encuentran en bares, salones recreativos y locales autorizados. Las VLT, por su parte, son terminales de videolotería instaladas en salas de juego autorizadas. A diferencia de las AWP, funcionan mediante un sistema central conectado al concesionario y están sujetas a normas técnicas y controles específicos.
En la práctica, el PREU representa la parte de los ingresos del juego destinada al Tesoro. Cuando una máquina acepta apuestas, la recaudación debe distribuirse de acuerdo con las normas que regulan el sector: una parte se destina a premios, otra a la remuneración de los operadores implicados y otra al impuesto que corresponde al Estado.
La importancia central del PREU dentro del sistema de máquinas de juego también queda reflejada en la documentación de la Agencia de Aduanas y Monopolios de Italia (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – ADM), la autoridad responsable de regular y supervisar el sector del juego público.
Marco regulatorio
Para comprender por qué la falta de pago del PREU puede tener relevancia penal, es necesario partir de la forma en que está regulado el sector de las máquinas de juego en Italia. Las máquinas que ofrecen premios en metálico no son simples instrumentos comerciales: están sujetas al artículo 110 del TULPS y operan dentro de una cadena autorizada y supervisada conectada a la red telemática estatal.
El PREU forma parte de este sistema y está regulado por el Decreto-Ley n.º 269 de 30 de septiembre de 2003, convertido en la Ley 326/2003. El PREU representa una parte de los ingresos generados por las AWP y las VLT destinada al Tesoro. Por este motivo, las cantidades recaudadas por los operadores no pueden considerarse íntegramente fondos de la empresa: una parte de esos importes tiene una finalidad pública y debe contabilizarse e ingresarse correctamente conforme a las normas de la cadena operativa.
La disposición clave desde la perspectiva penal es el artículo 314 del Código Penal, que regula el delito de malversación. La disposición se aplica a un funcionario público o a una persona encargada de un servicio público que se apropie de dinero o bienes sobre los que tiene disponibilidad en virtud de su cargo o función. En el contexto del juego público, el punto decisivo es precisamente este: determinar si la persona que gestiona o custodia las cantidades recaudadas a través de las máquinas puede considerarse titular de una posición relevante a efectos penales y si la falta de ingreso de la parte destinada al PREU puede calificarse como apropiación indebida.
Por qué la falta de pago puede convertirse en malversación
La cuestión más delicada se refiere a la distinción entre un simple incumplimiento financiero y una conducta con relevancia penal. En una relación comercial ordinaria, el impago de una cantidad adeudada puede dar lugar a responsabilidad civil o contractual. Sin embargo, en el sector del juego público la situación es diferente: el operador actúa dentro de un sistema regulado en el que la recaudación de fondos mediante máquinas de juego está vinculada a una licencia pública y a un gravamen fiscal en favor del Estado.
Este principio fue aclarado por las Secciones Unidas del Tribunal de Casación en la sentencia n.º 6087/2021, según la cual un gestor u operador que retenga ingresos procedentes del juego, incluida la parte destinada al PREU, sin transferirlos al concesionario, puede ser considerado responsable del delito de malversación.
Desde esta perspectiva, las cantidades recaudadas a través de las máquinas AWP y VLT no pueden considerarse siempre simples fondos empresariales. Cuando incluyen importes destinados al Tesoro, la falta de ingreso de dichas cantidades puede ir más allá del ámbito de una deuda comercial y constituir un delito penal.
Este artículo se publicó por primera vez en la edición en italiano de SiGMA News el 22 de junio de 2026.
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