Los estados debaten prohibir la publicidad del juego en Brasil: ¿hasta dónde llega la autoridad federal?
La rápida proliferación de decretos municipales y proyectos de ley estatales destinados a restringir la publicidad de las apuestas podría abrir un nuevo debate sobre las competencias constitucionales de los distintos estados. Mientras el Gobierno federal ha ampliado las normas nacionales sobre la comunicación comercial de los operadores con licencia, los estados y municipios han comenzado a adoptar sus propias medidas para limitar la exposición de las marcas en espacios públicos y, en algunos casos, proponer restricciones aún más amplias. ¿Hasta dónde pueden llegar las autoridades locales al imponer normas sobre una actividad cuya regulación se lleva a cabo a nivel federal?
En las últimas semanas, Río de Janeiro, Belo Horizonte, Aracaju y Cuiabá han anunciado medidas para prohibir la publicidad de apuestas en espacios públicos, mientras São Paulo y Paraná debaten propuestas similares. Al mismo tiempo, el Gobierno federal ha promulgado un nuevo conjunto de normas que regulan la publicidad de las apuestas de cuota fija, que obliga a mostrar advertencias sobre los riesgos del juego, refuerza la responsabilidad de los anunciantes y prohíbe prácticas consideradas abusivas, como las campañas dirigidas a menores o aquellas que presentan las apuestas como una forma de inversión.
Aunque comparten objetivos similares, estas iniciativas se basan en fundamentos jurídicos diferentes. Las ordenanzas emitidas por el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Comunicación Social regulan la publicidad de las apuestas en todo el territorio nacional y forman parte del marco regulatorio del Gobierno federal para el mercado del juego. Los estados y municipios, por su parte, justifican sus restricciones en competencias relacionadas con el urbanismo, el uso de bienes públicos, el mobiliario urbano y la organización de eventos promovidos o financiados por las autoridades públicas.
Regulación federal frente a autoridad local
Es precisamente aquí donde puede surgir un debate constitucional. La Constitución Federal otorga al Gobierno federal la competencia para establecer normas generales en diversas materias de competencia legislativa concurrente, mientras que los estados pueden complementar esta legislación para atender particularidades regionales. Los municipios, a su vez, tienen autonomía para legislar sobre asuntos de interés local y regular el uso de sus propios espacios públicos. El reto consiste en determinar dónde termina el ejercicio legítimo de estas competencias administrativas y dónde comienza una posible injerencia en un mercado cuyo marco regulatorio es nacional.
La cuestión todavía no ha recibido una respuesta definitiva, pero ya ha llegado al Tribunal Supremo Federal (STF). En mayo de este año, la Asociación Nacional de Juegos y Loterías (ANJL) presentó la Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI) 7971 contra una ley de Río Grande del Sur que restringe la publicidad de las plataformas de apuestas. En la demanda, la asociación sostiene que las apuestas de cuota fija ya están reguladas a nivel federal y que la legislación estatal puede exceder los límites de la autoridad local al regular aspectos relacionados con la actividad económica. Según la asociación, unas restricciones excesivas también podrían dificultar que los consumidores identifiquen a los operadores autorizados y beneficiar indirectamente a las plataformas ilegales.
La creación de estas normas locales puede dar lugar a un entorno regulatorio más complejo para los operadores que ya disponen de una licencia federal. Si distintas ciudades y estados comienzan a establecer sus propios criterios publicitarios, las empresas autorizadas a nivel nacional podrían tener que adaptar sus campañas a la legislación de cada jurisdicción, especialmente en lo relativo al uso de mobiliario urbano, espacios públicos, eventos patrocinados por las administraciones y otras formas de comunicación sujetas a regulación municipal y estatal. Por tanto, el debate no se limita al fundamento de las propias restricciones, sino que también se extiende a la forma en que pueden coexistir con un modelo regulatorio diseñado para operar a escala nacional.
El debate también encuentra paralelismos en otros sectores. En distintas ocasiones, el Tribunal Supremo Federal ha reconocido la constitucionalidad de restricciones publicitarias y medidas regulatorias destinadas a proteger la salud pública y otros derechos fundamentales. Uno de los principales precedentes es la sentencia del tribunal en la ADI 3311, en la que ratificó las restricciones a la publicidad del tabaco y subrayó que la libertad de empresa y la libertad de expresión comercial pueden estar sujetas a limitaciones proporcionales cuando su objetivo sea proteger la salud pública.
El propio artículo 220, apartado 4, de la Constitución Federal establece que la publicidad de productos como el tabaco, las bebidas alcohólicas, los medicamentos y los pesticidas está sujeta a restricciones legales. Aunque esta interpretación no aborda específicamente la distribución de competencias entre el Gobierno federal, los estados y los municipios, demuestra que el STF acepta limitaciones a la publicidad cuando están justificadas por intereses públicos relevantes. En el caso de las apuestas de cuota fija, el debate introduce una variable adicional: determinar si las entidades subnacionales pueden imponer restricciones adicionales a una actividad cuya regulación económica y cuyo marco publicitario ya se han establecido a nivel federal.
Cómo responden los estados y los municipios
Río de Janeiro
Río de Janeiro fue el primer gran municipio en adoptar una medida de este tipo y acabó sirviendo de modelo para otras administraciones. El decreto municipal prohibió la publicidad de las plataformas de apuestas en espacios públicos, incluidas vallas publicitarias, paneles y otros soportes urbanos bajo control municipal. El objetivo declarado era proteger a los niños, los adolescentes y las personas en situación de vulnerabilidad, al tiempo que se reducía la exposición pública a las campañas publicitarias de apuestas. La iniciativa dio lugar a una serie de medidas similares en otras capitales estatales.
Belo Horizonte
Unos días después, Belo Horizonte anunció restricciones similares, que prohíben la publicidad de apuestas en espacios públicos gestionados por el municipio y en eventos organizados por las autoridades públicas. Como en Río de Janeiro, la medida se centra en el uso de bienes e infraestructuras municipales y no incluye propiedades privadas.
Aracaju
Aracaju emitió un decreto con efecto inmediato. La norma prohíbe la publicidad de apuestas en bienes públicos y en propiedades privadas cuya publicidad requiera autorización municipal, incluidos el mobiliario urbano, los espacios públicos y las instalaciones gestionadas por el municipio. El texto también prevé que la Empresa Municipal de Servicios Urbanos (EMSURB) se encargue de su aplicación, con sanciones que incluyen multas, la retirada de material publicitario e incluso la revocación de licencias en caso de incumplimiento.
Cuiabá
En Cuiabá, el alcalde Abilio Brunini afirmó que el municipio tiene autoridad para regular la publicidad en espacios públicos, aunque reconoció que no puede restringir los anuncios en propiedades privadas. El decreto, inspirado en el modelo adoptado en Río de Janeiro, prohíbe vallas publicitarias, paneles y otras formas de publicidad de apuestas en espacios de acceso público.
São Paulo
Aunque todavía no ha emitido un decreto municipal, São Paulo ya ha indicado que podría seguir el mismo camino. El alcalde Ricardo Nunes afirmó que tiene intención de sancionar un proyecto de ley sobre la materia si el Ayuntamiento lo aprueba. Al mismo tiempo, el debate también ha avanzado a nivel estatal. La diputada estatal Carla Morando presentó un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa que propone prohibir todas las formas de publicidad de plataformas de apuestas en todo el estado de São Paulo, incluidos los medios impresos y exteriores, la televisión, la radio, las redes sociales y otros canales de comunicación. Si se aprueba, la propuesta tendría un alcance considerablemente mayor que las restricciones adoptadas por otros municipios.
Paraná
En Paraná, la propuesta presentada por la diputada estatal Ana Júlia se centra en el uso de bienes estatales y recursos públicos. El proyecto de ley prohíbe la promoción de marcas, aplicaciones, promociones y otros elementos identificativos de operadores de apuestas en edificios públicos, carreteras estatales, vehículos oficiales y eventos deportivos, culturales o recreativos financiados o respaldados por el Gobierno estatal. El texto también exige que la prohibición se respete en contratos, concesiones y autorizaciones relacionadas con actividades publicitarias vinculadas al estado.
Este artículo se publicó por primera vez en la edición de SiGMA News en portugués el 21 de julio de 2026.
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