El plan de regulación del iGaming en Sri Lanka: las principales conclusiones del MoDE
Sri Lanka ya no observa en silencio la tendencia del iGaming. El país estableció formalmente su Autoridad Reguladora del Juego (GRA) el primer día de SiGMA Asia del Sur en diciembre de 2025. La creación de la GRA llegó tras años operando bajo leyes que no estaban diseñadas para la era digital, y los funcionarios revelaron que entre el 60% y el 70% de los usuarios de casinos en Sri Lanka jugaban en línea, aunque las operaciones de casinos online seguían sin registrarse ni tributar.
Chanaki Mallikarachchi, directora de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el Ministerio de Economía Digital (MoDE) de Sri Lanka, fue una de las responsables de definir cómo debía ser esa base. En una entrevista exclusiva con SiGMA News, expuso una visión técnica, reflexiva y, en esencia, profundamente basada en principios.
La GRA regula, el MoDE habilita
Mallikarachchi fue clara: el MoDE no es un regulador del juego. Según explicó, “el principio más importante es la separación institucional. La GRA regula, el MoDE habilita. Esa separación protege la integridad de la gobernanza.”
En términos prácticos, el papel del MoDE es construir la infraestructura digital: desarrollar un ecosistema tecnológico regulatorio, paneles de supervisión y sistemas basados en API que conecten con organismos como la Unidad de Inteligencia Financiera, la autoridad tributaria y el Banco Central de Sri Lanka para gestionar procesos de licencias e incorporación de operadores.
Los expertos subrayaron que para regular eficazmente el juego en línea, la GRA debía ser una entidad centrada en la tecnología, lo que requería un socio en infraestructura digital que comprendiera su implementación. El ministerio de Mallikarachchi aspira a cumplir ese papel.
Su mensaje clave fue que cualquier sistema desarrollado para el juego no debe construirse de forma aislada. “Toda infraestructura creada para este sector debe alinearse con la agenda nacional de infraestructura digital pública de Sri Lanka, en lugar de tratarse como una plataforma independiente de juego,” afirmó.
Los controles de edad deben ser efectivos
El juego vinculado al turismo planteó cuestiones delicadas: cómo verificar la identidad, la edad y el origen de una persona sin generar una burocracia excesiva que aleje a los usuarios.
La respuesta de Mallikarachchi fue directa. “La verificación de edad no puede ser un simple trámite. Debe incluir pruebas sólidas de identidad, validación de edad, verificaciones adicionales en transacciones de mayor riesgo y responsabilidad del operador ante fallos.”
Defendió que estos controles se basen en servicios de confianza a nivel nacional, reutilizables en banca, plataformas gubernamentales y otros sectores regulados.
Además, señaló que “esto es más coherente con las sensibilidades culturales de Sri Lanka que crear una experiencia de entretenimiento totalmente sin fricciones”.
Gobernanza de datos: privacidad ante todo
Las plataformas digitales de juego recopilan una gran cantidad de información personal, desde documentos de identidad hasta datos financieros, ubicación y patrones de comportamiento. Sin un marco claro, estos datos pueden convertirse en un riesgo regulatorio.
Mallikarachchi fue clara sobre el punto de partida: la Autoridad de Protección de Datos (DPA) como organismo supervisor y la Ley de Protección de Datos Personales (PDPA), n.º 9 de 2022, revisada en 2025.
Subrayó que “el alojamiento en el extranjero no puede comprometer la visibilidad regulatoria, el acceso legal ni la protección de los datos. El modelo de gobernanza debe preservar la privacidad, ser auditable y accesible para los reguladores, no depender exclusivamente de los operadores”.
La soberanía no es negociable
Las ambiciones de Sri Lanka en materia de resorts integrados implican una compleja red de socios privados, inversores extranjeros y sistemas interconectados. Según 6Wresearch, el mercado del juego del país estaba valorado en 293,93 millones de dólares en 2020 y podría alcanzar 410,04 millones de dólares en 2026, con un crecimiento anual del 5,24 %. La oportunidad es real, pero también lo es el riesgo si la arquitectura digital no se diseña correctamente desde el inicio.
Mallikarachchi identificó tres principios innegociables en cualquier colaboración público-privada. El primero es la claridad en la responsabilidad: los contratos deben definir quién hace qué, dónde se almacenan los datos, quién puede acceder y qué puede auditar el regulador.
El segundo es la seguridad desde el diseño: cifrado en tránsito y en reposo, controles de acceso de confianza cero, registros inviolables, pruebas de penetración y auditorías independientes.
El tercero, y más sensible, es la soberanía de los datos: las autoridades deben tener visibilidad legal, acceso efectivo y capacidad de preservar pruebas.
“La soberanía debe significar control legal, recuperabilidad y capacidad de inspección”.
Chanaki Mallikarachchi, directora de TIC en el Ministerio de Economía Digital de Sri Lanka.
Advirtió que, en un sector ya sujeto a normas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, cumplimiento fiscal y reglas cambiarias, cualquier debilidad generaría un vacío crítico de gobernanza.
Construir una vez, beneficiar a todos
La parte más estratégica del enfoque se centra en el valor de la infraestructura digital más allá del juego. Si Sri Lanka va a invertir en sistemas digitales para un sector regulado, estos no deben estar aislados.
“El gobierno debe exigir que cualquier inversión aprobada siga el principio de infraestructura compartida desde el inicio,” afirmó. Los sistemas desarrollados para el juego deberían fortalecer también el gobierno electrónico, el turismo, la banca, las licencias y los servicios a pequeñas empresas.
“Sri Lanka no debería parecer que construye infraestructura digital solo para el juego. Debe construir capacidades digitales nacionales de confianza que respalden sectores regulados, mejoren los servicios públicos y refuercen la integridad financiera.”
Los ministerios digitales del país afrontan presión para avanzar al ritmo del regulador, mientras la GRA entra en funcionamiento y el sistema de licencias se perfila de cara a 2026. El mensaje es claro: la ciberseguridad, la identidad digital, la gobernanza de datos y la base tecnológica no son un añadido, sino el punto de partida. Los operadores deberán construir sobre ellos, no rodearlos.
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