Amnistía Internacional versus Camboya: ¿funcionó la campaña contra las estafas?
Los esfuerzos de Camboya para desmantelar las operaciones de estafas online han quedado bajo escrutinio tras un reciente informe de Amnistía Internacional que sostiene que muchos de los complejos identificados como centros de estafas seguían operativos pese a meses de acciones de control. El Gobierno camboyano rechazó las conclusiones y defendió que su campaña ha dado lugar a arrestos, procesos judiciales, deportaciones y medidas contra licencias de casinos.
El informe, Falling Through the Cracks: Cambodia’s “Crackdown” on Scamming Compounds and the Victims It Has Failed (Entre las grietas del sistema: la ‘ofensiva’ de Camboya contra los complejos de estafas y las víctimas a las que ha fallado) fue publicado el 8 de junio y recibió una respuesta oficial dos días después, cuando las autoridades camboyanas defendieron los resultados de la campaña y destacaron los arrestos, procesos judiciales, deportaciones y acciones contra licencias de casinos.
Amnistía cuestiona los resultados de la medida
En julio de 2025, el primer ministro de Camboya, Hun Manet, emitió una directiva de nueve puntos que instruía a los organismos gubernamentales, las fuerzas de seguridad, los tribunales y la Comisión de Gestión del Juego Comercial de Camboya (CGMC) a reforzar las acciones contra las operaciones de estafas en línea.
Según Amnistía Internacional, el Gobierno afirmó posteriormente haber cerrado más de 250 centros de estafas, abierto causas penales contra 1.089 sospechosos y deportado a 13.039 ciudadanos extranjeros implicados en este tipo de actividades.
Sin embargo, el último informe de Amnistía sostiene que la situación sobre el terreno no respalda plenamente esas afirmaciones.
La organización indicó que identificó 86 complejos dedicados a estafas en Camboya hasta finales de abril de 2026, frente a los 53 lugares detectados en su informe de junio de 2025. De esos 86 complejos, Amnistía aseguró haber encontrado pruebas de intervención estatal en solo 24 ubicaciones. También documentó liberaciones masivas o fugas en otros siete complejos donde no se registró presencia policial.
Basándose en estos hallazgos, Amnistía concluyó que más del 70% de los complejos identificados parecían haber escapado a la medida gubernamental.
“El Gobierno camboyano ha gestionado cuidadosamente la imagen de su medida contra las estafas, pero detrás de cada titular sobre una redada o un arresto hay supervivientes de esclavitud, tortura y violación que apenas reciben apoyo”, afirmó Montse Ferrer, codirectora regional de Amnistía Internacional.
El informe abarca el periodo comprendido entre julio de 2025 y abril de 2026 y se basa en entrevistas con 73 supervivientes procedentes de 16 países, entre ellos Bangladés, Brasil, China, Colombia, Ecuador, Eritrea, Etiopía, Ghana, Indonesia, Kenia, Liberia, Madagascar, Marruecos, Níger, Uganda y Venezuela.
Los supervivientes denuncian trata y abusos
La investigación de Amnistía sostiene que muchos de los abusos documentados en su anterior investigación continuaron produciéndose durante el periodo de la medida.
La organización afirmó que los 73 supervivientes entrevistados relataron experiencias relacionadas con trata de personas, trabajo forzoso, privación de libertad y otras formas de abuso. Amnistía también documentó casos de violencia sexual, con seis mujeres que denunciaron violaciones u otras formas de abuso sexual dentro de los complejos de estafas.
El informe sostiene que las autoridades camboyanas no identificaron ni prestaron apoyo adecuado a las víctimas de trata. Según Amnistía, ninguno de los 73 supervivientes entrevistados había sido reconocido oficialmente como víctima de trata de personas, a pesar de cumplir lo que la organización describió como la definición jurídica reconocida internacionalmente.
Según el informe, muchas personas que escaparon o fueron liberadas de estos complejos terminaron durmiendo en la calle, dependiendo de organizaciones no gubernamentales y residentes locales para recibir ayuda o siendo retenidas en instalaciones de inmigración.
Una superviviente identificada por Amnistía como Winta relató que fue víctima de trata desde África Oriental cuando era adolescente y que fue trasladada entre distintos complejos durante la medida para evitar la acción policial. Amnistía utilizó su caso para ilustrar lo que describió como un patrón de reubicación de víctimas en lugar de rescates durante las operaciones de control.
Persisten las dudas sobre las acciones de control
Una de las principales críticas del informe de Amnistía se refiere a la transparencia. La organización señaló que no pudo verificar de forma independiente muchas de las afirmaciones del Gobierno porque las autoridades no publicaron una lista completa de los lugares investigados, los complejos cerrados ni las pruebas que respaldaran la afirmación de que más de 250 centros de estafas habían sido desmantelados.
Amnistía también sostuvo que algunas intervenciones parecían haber sido reactivas y no preventivas, produciéndose tras la presión pública, la atención internacional o incidentes de gran repercusión mediática.
El informe también recoge testimonios de supervivientes que sugieren que los responsables de algunos complejos parecían recibir avisos previos sobre las operaciones policiales. En varios casos, los supervivientes afirmaron que los trabajadores fueron trasladados a otras ubicaciones antes de que se produjeran las redadas.
La organización señaló que los testimonios apuntaban a posibles niveles de coordinación o connivencia entre los responsables de los complejos y las autoridades locales, aunque no presentó pruebas de una implicación oficial más amplia.
Los expertos cuestionan el impacto a largo plazo
Expertos independientes también han puesto en duda que las acciones de control hayan alterado significativamente las redes que operan detrás de estos complejos. “Seguimos interpretando muchas de estas ofensivas como operaciones más bien simbólicas, en las que quizá se alerta a las personas clave dentro de los centros de estafas antes de una redada, por lo que no se está actuando realmente contra los principales responsables”, afirmó Julia Dickson, investigadora asociada del Programa de Inteligencia, Seguridad Nacional y Tecnología del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).
Dickson señaló que las operaciones de estafa parecen estar adaptándose a las medidas de control en lugar de desaparecer. “Hemos observado muchos movimientos dentro de Camboya, pasando de grandes complejos situados en zonas fronterizas a instalaciones más pequeñas y difíciles de rastrear en áreas urbanas, o simplemente trasladándose a otros lugares”.
Stephanie Baroud, analista de inteligencia criminal de la Unidad de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de Interpol en Lyon, Francia, también señaló indicios de que los complejos de estafas se están fragmentando en operaciones más pequeñas, incluso en zonas residenciales.
“¿Ha puesto fin la medida a estas actividades? No parece que sea así”, afirmó Baroud. “Los centros de estafas siguen existiendo. Están apareciendo en otros lugares”.
Baroud añadió que el cierre de complejos individuales no implica necesariamente el desmantelamiento de las redes criminales subyacentes. «Cerrar un centro de estafas no implica necesariamente desmantelar la infraestructura que lo sostiene», explicó. «El riesgo de revictimización y de volver a ser víctima de trata sigue existiendo, especialmente en el contexto de ofensivas como esta.»
Los inmuebles vinculados a casinos siguen bajo escrutinio
El informe también examinó los vínculos entre los complejos de estafas y el sector del juego en Camboya. Amnistía señaló que estos complejos pueden operar dentro de instalaciones más amplias que también incluyen casinos, hoteles y otros negocios.
Según el informe, una investigación anterior de Amnistía identificó 12 casinos vinculados a complejos de estafas que habían recibido aprobación estatal pese a la medida en curso. El último informe identificó otros cuatro casinos que habían presentado planes en los que figuraban como propietarios de edificios clasificados por Amnistía como complejos de estafas.
La organización sostuvo que estos hallazgos plantean interrogantes sobre la supervisión regulatoria y la aplicación de las normas en determinadas áreas del sector del juego durante la campaña contra las estafas.
Camboya rechaza las críticas
Dos días después de la publicación del informe de Amnistía Internacional, las autoridades camboyanas rechazaron sus conclusiones y afirmaron que la evaluación ignoraba los resultados de la campaña nacional contra las estafas online.
Chhay Sinarith, ministro adjunto al primer ministro y secretario general del Comité Nacional contra la Trata de Personas y las Estafas Cibernéticas, afirmó que la campaña ha producido resultados significativos y continúa en marcha.
Según datos gubernamentales, entre julio de 2025 y el 20 de mayo de 2026 las autoridades gestionaron más de 400 casos relacionados con estafas online, de los cuales 143 casos que involucraban a 1.458 sospechosos fueron remitidos a los tribunales. Entre los acusados figuraban 201 mujeres procedentes de 19 países y regiones.
El Gobierno también indicó que revocó o suspendió 25 licencias de casino como parte de la campaña. Chhay Sinarith sostuvo que calificar la medida como superficial ignora los amplios esfuerzos realizados por las fuerzas de seguridad y no refleja la complejidad de combatir organizaciones criminales sofisticadas.
Las autoridades señalaron que las redes de estafas online son operaciones transnacionales altamente adaptables que evolucionan constantemente para evitar la detección y las medidas de control.
En una declaración separada, un alto funcionario afirmó que Camboya rechaza cualquier insinuación de que no está actuando contra las redes de estafas online y destacó las operaciones policiales en curso, los arrestos, las incautaciones de activos y el desmantelamiento de complejos criminales en múltiples provincias.
El funcionario también subrayó el compromiso continuado de Camboya con la lucha contra la ciberdelincuencia y la trata de personas mediante reformas legales, mecanismos de aplicación más sólidos y cooperación internacional.
Evaluaciones contrapuestas sobre la medida
El desacuerdo refleja, en última instancia, dos evaluaciones opuestas de una misma campaña. Amnistía sostiene que, aunque la medida pudo haber contribuido a la liberación de miles de personas y generado algunos éxitos operativos, no logró desmantelar muchos de los complejos conocidos, no protegió adecuadamente a las víctimas de trata y careció de suficiente transparencia.
Por su parte, las autoridades camboyanas señalaron los arrestos, los procedimientos judiciales, las deportaciones y las medidas adoptadas contra licencias de casino como pruebas de progreso, al tiempo que destacaron que las operaciones de estafa online suelen estar gestionadas por grupos criminales transfronterizos.
El informe de Amnistía Internacional y la respuesta del Gobierno presentan evaluaciones divergentes sobre el impacto de la campaña de Camboya contra las estafas online y los avances logrados frente a estas operaciones criminales.
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