Chile retrasa el proyecto de ley sobre apuestas en línea por cuestiones técnicas
La Comisión de Economía del Senado de Chile ha acordado crear una mesa de trabajo técnica junto al Ministerio de Hacienda para abordar las modificaciones pendientes del proyecto de ley de regulación de las apuestas en línea, debatido desde hace años. La decisión retrasa aún más el calendario legislativo de un sector que lleva años operando sin un marco jurídico claro.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a través del presidente de la comisión, Gastón Saavedra, confirmó el plan del Gobierno para coordinar los cambios antes de fijar un nuevo plazo. Saavedra explicó: “El ministro de Hacienda propuso establecer una mesa de trabajo técnica para resolver los cambios que estamos proponiendo y los que ellos plantearán. La idea es reunir a nuestros asesores y a los del ministerio y, después de eso, fijar un nuevo plazo para presentar indicaciones”.
Antecedentes legislativos
Presentado originalmente durante el mandato del expresidente Sebastián Piñera, el proyecto superó su primera tramitación con un amplio respaldo. Ahora, en segundo trámite legislativo, ha acumulado 377 páginas de indicaciones hasta la fecha límite de mayo, lo que pone de manifiesto la complejidad del debate.
Aspectos clave del proyecto
El mercado de apuestas en línea de Chile se encuentra en un momento económico decisivo. El sector no regulado está valorado en más de 3.100 millones de dólares, superando ampliamente a la industria de los casinos con licencia. Sin embargo, la regulación podría generar entre 180 y 200 millones de dólares anuales en ingresos fiscales y contribuir a estabilizar un mercado presencial en retroceso, según diversos medios.
La propuesta contempla la creación de un sistema de licencias para operadores en línea, la aplicación de un impuesto del 20% sobre los ingresos brutos del juego, la obligación de abonar el IVA y el impuesto de sociedades en términos similares a los casinos presenciales, así como la asignación del 2% de los ingresos brutos a entidades deportivas, incluidos los comités olímpico y paralímpico de Chile. El senador Matías Walker señaló que el informe financiero prevé una recaudación anual de hasta 200 millones de dólares.
Un estudio también reveló que el 26% de los jóvenes realizó apuestas en línea durante el último año, lo que pone de relieve los riesgos sociales y de salud pública asociados, según iGaming Business.
La equidad fiscal y la resolución del SII
La tensión aumentó después de que el Servicio de Impuestos Internos (SII) de Chile emitiera el 2 de junio una resolución que obliga a las plataformas extranjeras de apuestas en línea sin presencia local a registrarse y pagar IVA, equiparándolas al resto de proveedores internacionales de servicios digitales. La medida fue presentada como una cuestión de equidad fiscal y no como un paso hacia la legalización.
Sin embargo, los senadores cuestionaron rápidamente la decisión. Argumentan que contradice la legislación vigente y una sentencia del Tribunal Supremo de 2025 que ordenó a los proveedores de telecomunicaciones bloquear 23 sitios de apuestas sin licencia. Además, los críticos advirtieron que gravar fiscalmente a operadores cuya actividad está prohibida debilita la credibilidad del sistema y la capacidad de aplicación de la normativa.
Contradicciones y vacíos legales
Saavedra subrayó la contradicción existente: recaudar impuestos de plataformas cuya actividad está prohibida plantea interrogantes sobre el origen de sus fondos, ya que estos operadores no están obligados a informar a la Unidad de Análisis Financiero de Chile. Eduardo Cáceres, superintendente interino de Casinos de Juego, reforzó esta idea: “La ley permite operar juegos en un lugar físico, que es un casino. No contempla los juegos en línea; no están autorizados”.
El contexto regional e internacional
El debate regulatorio de Chile refleja tendencias más amplias a escala global. América Latina está avanzando rápidamente en la apertura de mercados de apuestas en línea, con Brasil, Colombia y Perú liderando el proceso, mientras que Europa continúa reforzando la supervisión a través de sus autoridades reguladoras nacionales.
Los retrasos también ponen de manifiesto la tensión entre la adopción de modelos regionales y los sistemas europeos más estrictos de protección al consumidor. Además, una prolongada falta de acción podría empujar a los jugadores hacia plataformas offshore. Esto reduciría la recaudación fiscal y debilitaría la credibilidad regulatoria.
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