La reforma fiscal del juego en Bélgica destapa los desequilibrios del mercado
El debate en Bélgica sobre la fiscalidad del juego se centra en una propuesta para revertir un cambio fiscal de 2023 que impidió a los operadores deducir los impuestos regionales del juego de su base imponible federal. En respuestas a las preguntas realizadas por SiGMA News, la BAGO, la Asociación Belga de Operadores de Juego, afirmó que la cuestión va más allá de un asunto técnico fiscal y plantea interrogantes más amplios sobre competencia, equidad y canalización. El debate se desarrolla en el contexto de una reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre trato desigual y nuevas señales de desaceleración del mercado.
El sector del juego regulado en Bélgica defiende un argumento sencillo: si el mercado legal está sometido a una presión fiscal excesiva mientras productos comparables reciben un trato más favorable, el Estado corre el riesgo de empujar a los jugadores hacia operadores que no puede controlar. Este argumento se sitúa ahora en el centro del debate político en Bruselas tras la propuesta del diputado Jean-Marie Dedecker de restablecer la deducibilidad fiscal de los gravámenes regionales sobre el juego, revirtiendo un cambio federal adoptado a finales de 2023. La propuesta se defiende como una forma de aliviar la presión sobre los casinos presenciales, proteger el empleo y preservar los ingresos por concesiones para los municipios. Sin embargo, la industria sostiene que el problema va mucho más allá de los establecimientos físicos.
Para la BAGO, la restauración de la deducibilidad es “una corrección indispensable” necesaria para preservar la viabilidad económica del sector legal, mantener la canalización y reforzar la protección del jugador. La asociación sectorial argumentó que, cuando los operadores con licencia afrontan una carga fiscal efectiva que puede alcanzar entre el 65% y el 70%, “es la oferta controlada, la que protege a los jugadores, la que se debilita”.
Presión sobre el mercado legal
El regulador del juego en Bélgica ha informado de que los ingresos brutos del juego cayeron un 4,86% en 2024 hasta situarse ligeramente por encima de 1.610 millones de euros, con 919,1 millones procedentes del canal en línea y 690,4 millones del segmento presencial. El descenso fue especialmente acusado en partes del mercado físico, mientras que la actividad en línea también perdió impulso tras años de expansión.
En su informe financiero anual, el regulador vinculó la desaceleración a cambios regulatorios, incluida la división del canal en línea, el aumento de la edad mínima, normas publicitarias más estrictas, la prohibición de bonificaciones y el retorno de los controles EPIS (verificaciones de identidad y elegibilidad de los jugadores) en los locales de apuestas. También advirtió de que no podía descartarse que algunos consumidores hubieran sido atraídos hacia el mercado ilegal, “donde no se garantiza ninguna protección”.
Desde la BAGO sostienen que estas cifras refuerzan su argumento contra la acumulación de presión fiscal y regulatoria sobre los operadores con licencia mientras la oferta ilegal sigue ampliamente disponible. “Los datos recientes del mercado, que muestran una caída de casi el 5 % en los ingresos brutos del juego en 2024, confirman, en nuestra opinión, la necesidad de cautela ante la acumulación de presiones fiscales y regulatorias sobre el sector legal”, señaló a SiGMA News.
El grupo argumenta que el debate no debe plantearse como una petición de alivio por parte de la industria, sino como una cuestión de canalización. “Un sector legal financieramente sano constituye una de las barreras más eficaces contra la oferta ilegal”, afirmaron desde la BAGO. “La restauración de la deducibilidad debe considerarse no solo como un salvavidas para el sector presencial, sino como una inversión estratégica en una política de juego segura y controlada en todo el mercado belga”.
El debate fiscal se desarrolla en paralelo a otra disputa relacionada sobre cómo Bélgica trata productos comparables ofrecidos por la Lotería Nacional y por operadores privados.
Una llamada a la equidad
El Tribunal Constitucional de Bélgica ha abierto un debate más amplio sobre las excepciones en el sector del juego. En una sentencia reciente, el tribunal respaldó la mayoría de las restricciones más estrictas del país, pero consideró que las exenciones para productos de la Lotería Nacional no podían justificarse cuando ofrecen una experiencia de juego similar a la de los productos del sector privado. El legislador tiene hasta finales de 2026 para corregir esta disparidad.
Para los operadores privados, esta resolución refuerza la idea de que Bélgica ha creado un mercado desigual.
Desde la BAGO lo expresaron de forma directa. “La combinación de regímenes divergentes, asimetría fiscal y obligaciones diferentes constituye un problema estructural”, afirmó. “El hecho de que productos comparables estén sujetos a normas distintas genera discriminación y distorsiona la competencia”.
Más allá de Bélgica
En toda Europa, los gobiernos están endureciendo las normas bajo el argumento de la protección del consumidor, mientras siguen tratando de forma distinta a partes del mercado. En Bélgica, la línea de división se sitúa entre operadores privados y la Lotería Nacional. En Reino Unido y Suecia, el sector de las carreras ha defendido que sus productos merecen una fiscalidad más ligera que el juego en línea tipo casino. En Francia, el debate se ha centrado en si la legalización del casino en línea desestabilizaría el mercado existente mientras la antigua lotería estatal amplía su alcance.
El patrón común ya es evidente. Operadores respaldados por el Estado, organismos de carreras y otros segmentos favorecidos sostienen que sus productos son distintos y deben regularse de forma diferente. Sus críticos afirman que esas diferencias son cada vez más difíciles de justificar a medida que los productos convergen y la experiencia del consumidor se solapa.
Para la BAGO, “la protección del jugador debe basarse en el riesgo objetivo del producto, y no en el estatus del operador”. En la actualidad, la asociación sostiene que “combinado con la presión fiscal desproporcionada que recae sobre los operadores privados, el sistema actual crea un mercado estructuralmente desequilibrado, jurídicamente frágil y políticamente ineficaz”.
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