Así es la amplia reforma de la ley del juego en Bangladesh
Bangladesh ha sustituido formalmente la Ley de Juego Público de 1867 por la Ley de Prevención del Juego de 2026, introduciendo un marco legal que se dirige al juego online, las apuestas deportivas, las transacciones vinculadas a criptomonedas y los delitos financieros relacionados con el juego.
La legislación entró en vigor el 1 de julio tras su publicación en el boletín oficial y la aprobación presidencial. La ley sustituye una norma de la época colonial diseñada principalmente para regular las casas de juego físicas. La medida llega en un contexto de creciente preocupación por el juego online y sus vínculos con actividades financieras ilícitas. Según un informe de 2024, más de cinco millones de personas en Bangladesh están afectadas por la adicción al juego online, mientras que las autoridades han vinculado cada vez más las redes de juego con flujos financieros ilegales y el uso abusivo de canales de pago digitales.
Por qué Bangladesh sustituyó la ley de juego de 1867
La Ley de Juego Público fue promulgada durante el dominio colonial británico y se centraba principalmente en locales físicos de juego y actividades de apuestas convencionales. Funcionarios del Gobierno sostuvieron que la legislación ya no era capaz de abordar las operaciones de juego realizadas a través de sitios web, aplicaciones móviles, plataformas de redes sociales, monederos digitales y sistemas de pago transfronterizos.
Mir Mohammad Mohi Uddin Rafi, profesional del derecho corporativo e investigador jurídico independiente, dijo a SiGMA News que la reforma refleja cómo la actividad del juego ha evolucionado más allá de los entornos tradicionales de apuestas. “El marco legal anterior se promulgó en una época en la que el juego se asociaba principalmente con locales físicos y actividades de apuestas convencionales, por lo que resultaba insuficiente para abordar las complejidades del entorno digital actual”.
“En los últimos años, los riesgos del juego se han expandido hacia un ecosistema impulsado por la tecnología que incluye plataformas de apuestas online, aplicaciones móviles, sitios web, monederos digitales, canales de redes sociales, transacciones transfronterizas y otras infraestructuras digitales.”
El juego online pasa al centro de la regulación
Uno de los principales cambios es el tratamiento que la ley da al juego online. A diferencia de la legislación de 1867, que no contenía disposiciones sobre el juego basado en internet, la Ley de Prevención del Juego de 2026 regula explícitamente el juego online, el juego a distancia, las plataformas digitales de juego, las apuestas online, las apuestas deportivas, la actividad de corredores de apuestas, los casinos virtuales, el juego mediante VPN, el amaño de partidos, el amaño de jugadas concretas y las actividades de juego vinculadas a criptomonedas.
La ley también amplía la definición de locales de juego más allá de los espacios físicos para incluir sitios web, aplicaciones móviles, grupos en redes sociales, servidores, dominios y centros de datos utilizados para facilitar actividades de juego.
La ampliación refleja una preocupación más amplia entre los reguladores por la migración creciente del juego hacia canales digitales. La Unidad de Inteligencia Financiera de Bangladesh (BFIU) suspendió 21.725 cuentas de servicios financieros móviles en 2023 por presuntos vínculos con el juego online y actividades ilegales de hundi. Las autoridades también han informado de que aproximadamente 55.000 cuentas de servicios financieros móviles han sido congeladas o suspendidas por sospechas de vínculos con el juego online y transacciones digitales de hundi. Las transacciones digitales de hundi son transferencias informales transfronterizas de dinero que operan fuera de los canales bancarios tradicionales.
La aplicación digital de la ley y los delitos financieros pasan a primer plano
La Ley de Prevención del Juego de 2026 otorga a las autoridades facultades que no existían bajo la legislación anterior, entre ellas la capacidad de bloquear sitios web, aplicaciones y plataformas digitales relacionadas con el juego. El énfasis de la ley en la aplicación digital refleja los recientes esfuerzos regulatorios de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones de Bangladesh (BTRC), que ha bloqueado cientos de sitios web de juego y apuestas en los últimos años.
La legislación también presta una mayor atención a la infraestructura financiera que respalda la actividad del juego. Penaliza el uso de tarjetas SIM falsas, SIM fantasma, cuentas fraudulentas de servicios financieros móviles e información de identidad robada para facilitar operaciones de juego.
Además, la transferencia, ocultación o blanqueo de los beneficios procedentes del juego a través de bancos, cuentas de servicios financieros móviles, monederos digitales, redes hundi o criptomonedas se considera un delito precedente en virtud de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales de Bangladesh de 2012.
Según Rafi, los reguladores consideran cada vez más el juego como un problema de delincuencia financiera más amplio, y no únicamente como una actividad relacionada con el sector del juego. “Estos avances demuestran que el juego ya no se limita a la participación individual, sino que ha evolucionado hasta convertirse en un riesgo más amplio de delincuencia financiera que implica movimientos ilegales de fondos, cuentas fraudulentas y posibles redes de blanqueo de capitales”.
Sanciones más severas y mayor responsabilidad
Las sanciones más duras se reservan para las operaciones de juego organizadas y los esquemas de blanqueo de capitales relacionados con el juego que impliquen tarjetas SIM falsas, cuentas fraudulentas de servicios financieros móviles o transacciones con criptomonedas. Estos delitos pueden castigarse con hasta diez años de prisión y multas de hasta 50 millones de takas bangladesíes (406.100 dólares). Los delitos de juego convencionales conllevan penas de hasta dos años de prisión y multas de 200.000 takas (1.624 dólares).
La explotación de plataformas de juego online, apuestas o redes digitales de juego puede acarrear penas de hasta siete años de prisión y multas de hasta 50 millones de takas bangladesíes (406.100 dólares).
La legislación también tipifica como delito la promoción del juego, incluida la publicidad, los patrocinios, el marketing de afiliación y las campañas de recomendación. Los medios de comunicación, influencers, deportistas, artistas y cualquier otra persona implicada en la promoción del juego pueden enfrentarse a penas de hasta tres años de prisión y multas de 5 millones de takas bangladesíes (40.600 dólares).
El amaño de partidos se castiga con hasta siete años de prisión y una multa de 10 millones de takas bangladesíes (81.300 dólares), mientras que el amaño de acciones concretas del juego puede acarrear hasta cinco años de prisión y multas de 5 millones de takas bangladesíes (40.600 dólares).
Nuevas facultades para una aplicación basada en la tecnología
Una de las incorporaciones más destacadas es el énfasis de la ley en la aplicación apoyada por la tecnología. La ley autoriza a las autoridades a utilizar inteligencia artificial, sistemas de supervisión de transacciones, tecnología de inspección profunda de paquetes y análisis de datos para detectar actividades de juego. También permite crear una base de datos nacional de listas negras digitales, sistemas de vinculación entre el documento nacional de identidad (NID), las tarjetas SIM y los servicios financieros móviles (MFS), mecanismos de verificación biométrica y procesos de verificación mediante reconocimiento facial.
Las autoridades también están facultadas para congelar y confiscar cuentas bancarias, cuentas de servicios financieros móviles, monederos digitales, activos en criptomonedas, dominios, servidores, tarjetas SIM, dispositivos móviles y otros bienes vinculados a operaciones de juego. Todos los delitos contemplados en la ley se clasifican como perseguibles de oficio, no susceptibles de libertad bajo fianza y no conciliables, mientras que los delitos relacionados con el ámbito digital serán juzgados por tribunales especializados en ciberdelincuencia.
La aplicación de la ley sigue siendo el principal desafío
A pesar de la ampliación de facultades, la aplicación de la ley sigue siendo un reto debido al carácter transfronterizo de muchas operaciones de juego online. Rafi explicó que las redes de juego suelen apoyarse en plataformas extraterritoriales, canales digitales anónimos y complejos flujos financieros que pueden resultar difíciles de investigar mediante los métodos tradicionales de control.
“La eficacia de la Ley de Prevención del Juego de 2026 dependerá no solo de la aplicación de la ley, sino también del fortalecimiento de las capacidades de investigación digital, la supervisión de transacciones sospechosas, los mecanismos de intercambio de información, la cooperación transfronteriza, la preparación en materia de ciberseguridad y una actuación regulatoria coordinada.”
El camino hacia la Ley de Prevención del Juego de Bangladesh de 2026
La ley se basa en una campaña más amplia de aplicación normativa que Bangladesh ha desarrollado durante los dos últimos años. Las autoridades han endurecido progresivamente las restricciones al juego online, la promoción de las apuestas y las transacciones financieras relacionadas con el juego, alegando sus vínculos con el blanqueo de capitales, el fraude digital y las transferencias ilícitas transfronterizas de fondos. En octubre de 2025, el Gobierno adoptó una política formal de tolerancia cero frente a los anuncios y promociones de juego online en sitios web, plataformas de redes sociales, aplicaciones móviles y medios electrónicos, advirtiendo de que los infractores podrían enfrentarse a medidas en virtud de la Ley de Ciberseguridad.
La reforma legislativa sigue a una serie de actuaciones coordinadas en las que participaron la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones de Bangladesh (BTRC), el Banco de Bangladesh, el Departamento de Investigación Criminal (CID), la Agencia Nacional de Ciberseguridad (NCSA) y otros organismos gubernamentales. Los responsables públicos han sostenido repetidamente que la Ley de Juego Público de 1867, heredada de la época colonial, no estaba preparada para hacer frente a las modernas redes de juego que operan mediante plataformas digitales, pagos móviles, criptomonedas, redes sociales y servicios de apuestas extraterritoriales, lo que impulsó la creación de un nuevo marco jurídico independiente.
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