Las evaluaciones de idoneidad y honorabilidad de la La Corporación Filipina de Entretenimiento y Juego (PAGCOR) se han convertido en una medida de protección clave para resguardar las reformas contra el blanqueo de capitales (AML) del país tras su salida de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en febrero de 2025, según la firma filipina de asesoría jurídica y regulatoria Arden Consult.
“Las comprobaciones de idoneidad no son burocracia por sí misma. Forman parte del compromiso de Filipinas con las normas internacionales de lucha contra el blanqueo de capitales establecidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)”, escribió Patricia De Guzman, de Arden Consult.
La firma explicó que la Recomendación 28 del GAFI exige a los reguladores impedir que delincuentes y sus asociados sean propietarios o gestionen casinos, siendo PAGCOR la entidad responsable de aplicar estas normas en el sector del juego filipino. “Lo que estaba en juego quedó especialmente claro durante el periodo en que Filipinas permaneció en la ‘lista gris’ del GAFI, cuando el país estuvo sometido a un mayor control internacional”, escribió De Guzman.
Filipinas salió de la lista gris del GAFI el 21 de febrero de 2025 tras demostrar mejoras en su marco de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El Gobierno señaló que la prohibición impuesta por el presidente Ferdinand Marcos Jr. a los operadores de juego extraterritoriales de Filipinas (POGO) fue una de las medidas que contribuyó a la exclusión del país de dicha lista.
La propiedad y la dirección, bajo escrutinio
Según Arden Consult, las comprobaciones de idoneidad van más allá de la entidad corporativa que solicita una licencia y abarcan también a las personas que están detrás del negocio.
“Un error habitual es pensar que solo se evalúa a la empresa”, escribió De Guzman. “En la práctica, tanto la compañía solicitante como las personas clave que la dirigen son objeto de comprobación”.
Estas comprobaciones son obligatorias cuando las empresas solicitan nuevas licencias o renuevan las existentes, pero también pueden activarse por “hechos sobrevenidos”, como cambios en los directores, cargos directivos, la propiedad o la titularidad real. Informes desfavorables, sospechas de irregularidades y revisiones anuales de rutina también pueden dar lugar a una evaluación.
Arden Consult recordó que las entidades con licencia deben notificar por escrito a PAGCOR cualquier cambio en su consejo de administración, directivos o estructura de propiedad en un plazo de 15 días naturales.
“Incumplir ese plazo es un error evitable que, por sí solo, puede suscitar dudas”, afirmó De Guzman.
Sistema de revisión en tres niveles
El marco evalúa a los solicitantes mediante tres niveles de escrutinio, en función de su perfil de riesgo.
Las comprobaciones de idoneidad pueden incluir la verificación de la identidad, el domicilio, la formación académica, las licencias profesionales, los antecedentes penales, el historial de litigios, los registros de quiebra o insolvencia, la situación financiera, el cumplimiento normativo y las informaciones aparecidas en los medios de comunicación. Los solicitantes también son cotejados con las listas de vigilancia sobre blanqueo de capitales y terrorismo mantenidas por el Consejo contra el Blanqueo de Capitales (AMLC), las Naciones Unidas y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos.
“El marco establece tres niveles de intensidad: mínimo (Nivel 1) para solicitantes de bajo riesgo, intermedio (Nivel 2) para riesgo medio y reforzado (Nivel 3) para alto riesgo”, señaló Arden Consult.
“El departamento de licencias de PAGCOR asigna el nivel mediante una evaluación de riesgos que tiene en cuenta el tamaño de la empresa, la complejidad de su estructura de propiedad, la exposición geográfica, la situación financiera y el historial de cumplimiento”, escribió De Guzman. “El regulador también conserva plena discrecionalidad para elevar el nivel si aparecen nuevos indicadores de riesgo”.
La firma añadió que, por lo general, las revisiones deberían completarse en un plazo de 30 días naturales desde la presentación de toda la documentación requerida, aunque los casos más complejos pueden requerir más tiempo.
La divulgación completa sigue siendo esencial
Arden Consult afirmó que la documentación incompleta sigue siendo la causa más habitual de los retrasos, aunque advirtió de que proporcionar información inexacta puede tener consecuencias más graves. “Puede resultar tentador presentar la imagen más impecable posible. Resista esa tentación”, escribió De Guzman.
“No presentar la documentación exigida, facilitar información inexacta o no cooperar dentro de los plazos establecidos conlleva consecuencias reales: una nueva solicitud puede ser rechazada o considerada retirada, una licencia en vigor puede ser suspendida o revocada y, cuando exista fraude, PAGCOR podrá emprender acciones legales”, advirtió De Guzman.
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