SAPAR lleva la reforma del juego presencial al Parlamento Europeo
El presidente de SAPAR, Sergio D’Angelo, y el vicepresidente ejecutivo, Patrizio Perla, se reunieron en Bruselas con representantes de las instituciones europeas para llevar la reforma del juego presencial en Italia al debate europeo. Los dos responsables de la asociación viajaron al Parlamento Europeo el 14 de julio de 2026 para mantener una serie de reuniones institucionales. La misión, anunciada públicamente por la asociación, tenía un objetivo claro: trasladar las preocupaciones de los operadores presenciales italianos más allá de las fronteras nacionales y buscar nuevos interlocutores institucionales en una etapa decisiva para el futuro del sector.
La elección de Bruselas no desplaza la responsabilidad política de la reforma, que sigue en manos del Gobierno y el Parlamento italianos. Más bien refleja el intento de SAPAR de situar los retos que afronta el sector minorista dentro de un debate más amplio que abarca el mercado único, la protección de los consumidores, la sostenibilidad de las pequeñas y medianas empresas y el crecimiento de una oferta digital que ya no está limitada por las fronteras físicas. En declaraciones exclusivas a SiGMA News, Sergio D’Angelo explicó el contenido de las reuniones e identificó cinco áreas de política pública en las que la asociación pretende seguir trabajando durante los próximos meses.
Una reforma “más participativa e inclusiva”
La primera cuestión abordada en Bruselas fue también la más urgente: la reforma del sector del juego presencial en Italia. El Decreto Legislativo n.º 41, de 25 de marzo de 2024, puso en marcha la reorganización de la industria, comenzando por el juego a distancia. La legislación rediseñó el sistema de licencias online e introdujo nuevos requisitos financieros, técnicos y organizativos. Sin embargo, la red presencial quedó excluida de esa primera fase y sigue a la espera de un marco regulador integral que abarque las máquinas de juego, las apuestas, el bingo y la distribución territorial de los locales de juego.
Desde el punto de vista de SAPAR, la siguiente fase de la reforma no puede configurarse exclusivamente mediante conversaciones entre la Administración pública, los grandes licenciatarios y las instituciones regionales o locales. También debe implicar a las empresas que operan físicamente la red y que han garantizado su funcionamiento diario durante décadas. “La reforma debe ser más participativa e inclusiva e implicar a todas las pequeñas y medianas empresas italianas y europeas que actualmente operan en la cadena de suministro del juego presencial”, declaró D’Angelo a SiGMA News.
La posición de la asociación busca devolver a los operadores de máquinas al centro del debate. Estas empresas suelen situarse entre el licenciatario y el operador del establecimiento, pero son directamente responsables de la instalación, el mantenimiento y el correcto funcionamiento de las máquinas de juego. Una parte significativa de la red de juego regulado de Italia depende de esta estructura empresarial ampliamente distribuida. SAPAR sostiene que cualquier reforma que altere el equilibrio del mercado sin implicar directamente a estas empresas corre el riesgo de provocar consecuencias económicas que podrían resultar difíciles de revertir una vez iniciado el nuevo ciclo de licencias.
El reto de la futura licitación
La segunda cuestión planteada por la delegación de SAPAR se refiere a la estructura financiera de los futuros procedimientos de licitación. D’Angelo expresó su preocupación por un modelo que, según la evaluación de la asociación, impondría mayores cargas financieras que los procedimientos iniciados en 2004 y 2011 y podría reducir el papel otorgado a algunas partes históricas de la cadena de suministro. La futura licitación para la red presencial aún no se ha cerrado. Por tanto, las preocupaciones sobre su coste, su estructura y la posible exclusión de determinadas partes interesadas representan la posición de SAPAR respecto a las propuestas debatidas durante el proceso de reforma, y no una descripción de una legislación o de unas condiciones de licitación ya vigentes.
Según D’Angelo, las empresas que corren el riesgo de perder su papel central han contribuido durante décadas a generar más de la mitad de los ingresos fiscales del sector del juego. “Hablamos de la posibilidad de una nueva licitación más cara que las convocadas en 2004 y 2011 y que ahora corre el riesgo de excluir a determinadas partes de la cadena de suministro”, explicó el presidente de SAPAR. “Son empresas que llevan décadas contribuyendo a los ingresos fiscales generados por la industria”.
El argumento de la asociación no se centra únicamente en la cantidad inicial que el Estado podría recaudar mediante las tasas de licencia. SAPAR pide que se tenga en cuenta toda la duración de las licencias y sostiene que unas condiciones de acceso excesivamente gravosas pueden generar mayores ingresos a corto plazo, pero debilitar la capacidad productiva de la red durante los años siguientes. D’Angelo ilustró esta idea con una analogía de Fórmula 1: “Es como participar en una carrera de Fórmula 1 con menos combustible para que el coche sea más ligero y rápido. Se puede obtener una ventaja al principio, pero no se podrá terminar la carrera. Una licitación puede generar algo más de dinero de inmediato, pero podría provocar pérdidas mucho mayores durante los nueve años siguientes de vigencia de la licencia”.
Por tanto, el valor económico de una licitación no debería medirse únicamente por el precio abonado inicialmente por los licenciatarios. También debería tener en cuenta la sostenibilidad del volumen de apuestas, la continuidad empresarial, el empleo, la presencia territorial de la red regulada y los ingresos fiscales generados durante todo el periodo de vigencia de las licencias.
El juego en línea crece, pero la actividad ilegal también se vuelve transfronteriza
La tercera área de política pública se refiere a la expansión del juego online y a la capacidad de cada Estado para regular mercados cada vez más desvinculados de un territorio concreto. La regulación europea del juego sigue fragmentada. No existe una única legislación sectorial específica de la UE y cada Estado miembro conserva el derecho a organizar su propio mercado, siempre que las normas nacionales respeten las libertades fundamentales establecidas por los tratados y los principios desarrollados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Esta autonomía ha dado lugar a sistemas nacionales muy distintos en materia de licencias, fiscalidad, publicidad, supervisión, límites de juego y protección de los consumidores. La Comisión Europea ha fomentado la cooperación entre las autoridades nacionales y ha promovido mecanismos voluntarios para facilitar el intercambio de información, pero no ha llegado a crear un marco regulador plenamente armonizado.
Para SAPAR, la cuestión no es si debe frenarse la transformación digital. La pregunta es cómo supervisar un mercado en el que los operadores ilegales pueden pasar rápidamente de un país a otro. “Debemos entender cómo regular estos nuevos mercados sin fronteras”, afirmó D’Angelo. “El juego online crece de forma exponencial y, como ocurre en cualquier mercado en expansión, la actividad ilegal también se está trasladando a las plataformas digitales”.
El presidente de SAPAR vincula directamente la lucha contra los sitios web sin licencia con la protección de las finanzas públicas. “Debemos innovar nuestras herramientas de control, porque cada euro que se le quita a un Estado es un euro que se le quita al bienestar social”. El reto afecta tanto al juego presencial como al digital. Una reducción excesiva de la oferta minorista regulada podría desviar parte de la demanda hacia canales sin licencia, ya sean online o físicos. Al mismo tiempo, la capacidad para bloquear pagos, sitios web y actividades promocionales ilegales requiere una cooperación que trascienda las fronteras nacionales.
Ludopatía: hay 27 sistemas reguladores diferentes
La cuarta cuestión es la que D’Angelo considera personalmente más importante: la prevención y el tratamiento de la adicción al juego. La Unión Europea tampoco cuenta con un único sistema regulador en este ámbito. La salud y la protección de los consumidores se reconocen como objetivos a escala de la UE, pero las medidas prácticas las determina cada Estado miembro. Como resultado, existen distintos enfoques nacionales respecto a la autoexclusión, los límites de depósito, la publicidad, la formación del personal, la identificación de los jugadores y la financiación de los programas de prevención.
En 2014, la Comisión Europea adoptó una recomendación que establecía principios comunes para la protección de los consumidores, los jugadores y los menores que utilizan servicios de juego online. Sin embargo, la recomendación no es jurídicamente vinculante y no ha eliminado la fragmentación entre los sistemas nacionales. “Operamos dentro de un mercado europeo, pero en lo que respecta a la protección frente a la adicción al juego, tenemos 27 conjuntos de normas diferentes”, señaló D’Angelo.
Su declaración pone de relieve un problema práctico. Los jugadores pueden acceder a productos y servicios digitales a través de plataformas que operan en varios países, mientras que los mecanismos de protección, asistencia y autoexclusión siguen siendo en gran medida nacionales. SAPAR considera que una mayor convergencia europea podría hacer más eficaz la supervisión y reducir las diferencias entre mercados. Esto no implicaría necesariamente imponer una única ley del juego a todos los Estados miembros, sino identificar normas mínimas compartidas, sistemas interoperables y criterios comunes para reconocer conductas de juego problemáticas.
El reto también afecta a la relación entre el juego online y el presencial. Las redes presenciales cuentan con personal que puede interactuar directamente con los clientes, pero esos empleados necesitan una formación adecuada y protocolos claros. Los operadores digitales, en cambio, pueden analizar grandes volúmenes de datos sobre el comportamiento de juego, pero necesitan algoritmos transparentes y procedimientos de intervención eficaces. Un sistema europeo más coordinado podría combinar estas herramientas y evitar que el nivel de protección disponible para un jugador dependa por completo del país en el que esté establecido el operador o del canal que el cliente elija para jugar.
Las máquinas sin premio como banco de pruebas para el mercado único
La quinta cuestión abordada en Bruselas se refiere a las máquinas recreativas automáticas que no ofrecen premios en metálico, incluidos los videojuegos, los simuladores, las máquinas de garra, las máquinas de canje de tiques y otras atracciones presentes en salones recreativos y parques temáticos. En Italia, estos productos están regulados por el artículo 110, apartado 7, del Texto Refundido de las Leyes de Seguridad Pública. En los últimos años, la Agencia de Aduanas y Monopolios ha introducido normas técnicas, procedimientos de certificación y periodos transitorios para adaptar las máquinas, incluidas las fabricadas o importadas a partir de junio de 2021.
Sin embargo, SAPAR considera que el marco italiano sigue sin adaptarse adecuadamente al ritmo de desarrollo de la industria. “Italia cuenta con un parque de máquinas envejecido porque, a diferencia de otros países europeos, nuestro punto de partida es una legislación desarrollada a principios de la década de 2000, que ahora tiene dificultades para seguir el ritmo de los nuevos productos más avanzados tecnológicamente disponibles en el mercado”, explicó D’Angelo.
Según el presidente de SAPAR, las máquinas recreativas sin premio podrían constituir el ámbito más sencillo para iniciar un proceso de armonización europea. Como no conceden premios en metálico, plantean cuestiones regulatorias distintas de las máquinas recreativas con premio (AWP), los terminales de videolotería, los casinos y los productos de apuestas. “Pedimos un compromiso más firme porque, dado que estos productos están destinados exclusivamente al entretenimiento, debería ser más fácil alcanzar un acuerdo entre los Estados miembros y construir un mercado único en toda la Unión Europea”.
La petición se refiere principalmente a las normas técnicas, los procedimientos de certificación y la posibilidad de comercializar las mismas máquinas en varios países sin tener que cumplir procedimientos completamente distintos en cada jurisdicción. Un marco más uniforme podría fomentar la innovación y reducir los costes para fabricantes, importadores y operadores. Sin embargo, cualquier propuesta seguiría teniendo que tener en cuenta las responsabilidades nacionales relacionadas con la seguridad pública, las licencias y la protección de los menores, que también se aplican a los productos que no conceden premios en metálico.
Los límites de las competencias europeas
La misión de SAPAR no debe interpretarse como una petición para que el Parlamento Europeo reescriba directamente el sistema de licencias de Italia. Los Estados miembros conservan su autonomía sobre la organización de los servicios de juego. Pueden imponer restricciones justificadas por la protección de los consumidores, la prevención del fraude y la lucha contra la adicción, siempre que esas medidas sean coherentes y proporcionadas.
No obstante, la Unión Europea puede intervenir en ámbitos relacionados con el funcionamiento del mercado interior, la prestación transfronteriza de servicios, la protección de datos, la lucha contra el blanqueo de capitales y los derechos de los consumidores. También puede fomentar la cooperación entre los reguladores y apoyar el desarrollo de normas comunes. Este es el espacio institucional en el que SAPAR pretende situar su iniciativa. La dimensión europea puede ofrecer un foro para comparar modelos nacionales, examinar el impacto de distintas normas y evaluar si determinadas soluciones podrían compartirse.
Para la red presencial italiana, la cooperación internacional podría resultar especialmente útil en tres ámbitos: la lucha contra el juego online ilegal, el establecimiento de normas de juego responsable y el desarrollo de normas técnicas para las máquinas recreativas sin premio.
Se prevé una nueva reunión antes de finales de 2026
No se espera que la misión en Bruselas quede como una iniciativa aislada. Al concluir las reuniones, la delegación de SAPAR acordó preparar documentación técnica más detallada. “Concluimos las reuniones con el compromiso de presentar, durante las próximas semanas, un documento que exponga cómo podría desarrollarse en el futuro el mercado europeo de las máquinas recreativas, tanto con premios en metálico como sin ellos”, afirmó D’Angelo.
SAPAR también tiene previsto regresar a Bruselas antes de finales de 2026 para continuar las conversaciones con los interlocutores europeos con los que se reunió y presentar sus propuestas. La credibilidad de la iniciativa dependerá ahora de la capacidad de la asociación para traducir sus demandas en datos, análisis económicos y soluciones regulatorias viables. La reforma del juego presencial implica consideraciones contrapuestas, entre ellas los ingresos públicos, la protección de la salud, la sostenibilidad empresarial, la autonomía regional, el empleo y la lucha contra el juego ilegal.
Para SAPAR, la defensa de las empresas que operan en la red local de juego de Italia sigue siendo el punto de partida. Sin embargo, la misión al Parlamento Europeo también demuestra la voluntad de trasladar el debate más allá de las fronteras italianas. El crecimiento del juego online, la movilidad de los operadores y el uso generalizado de tecnologías comunes hacen que resulte cada vez más difícil abordar el mercado mediante 27 sistemas completamente separados. El juego sigue siendo una competencia nacional, pero muchos de los retos que genera se han convertido en europeos. SAPAR pretende construir la siguiente etapa de su estrategia institucional sobre esta contradicción.
Este artículo se publicó por primera vez en la edición de SiGMA News en italiano el 17 de julio de 2026.
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