“El juego sin licencia multiplica los riesgos para los usuarios”
Irlanda atraviesa un periodo de transformación. El país ha pasado de crear un nuevo regulador del juego a poner en marcha un sistema práctico de licencias. La Autoridad Reguladora del Juego de Irlanda (GRAI) supervisa ahora el juego presencial y online, las apuestas y la mayoría de las loterías. SiGMA News habló con la directora ejecutiva de GRAI, Anne Marie Caulfield, sobre las prioridades del regulador, los cambios que deben esperar los operadores y los modelos en los que se inspira Irlanda para construir su nuevo marco normativo.
La principal prioridad de GRAI
El regulador comenzó a operar el 5 de marzo de 2025, marcando la transición de Irlanda desde un modelo obsoleto hacia un sistema moderno de licencias. Ese sistema avanza ahora hacia su implementación efectiva en el mercado.
Caulfield afirma que la primera etapa debe centrarse en las licencias, ya que estas crean obligaciones legales de los operadores hacia los jugadores. Una vez que un operador obtiene licencia en Irlanda, debe cumplir con la Ley de Regulación del Juego de 2024. El objetivo es ofrecer protección legal a los consumidores al tiempo que se crea un terreno de juego equilibrado para los operadores. Por tanto, las licencias no son una formalidad. Constituyen el mecanismo central del nuevo régimen.
“Las licencias son fundamentales para el nuevo marco regulatorio y, por ello, la principal prioridad de GRAI es implantarlas lo más rápido posible”.
GRAI comenzó a aceptar solicitudes de licencia para apuestas presenciales y remotas el 9 de febrero de 2026. Se espera que las primeras licencias se concedan en julio de 2026. Las fases posteriores abarcarán productos de juego, loterías, actividades benéficas relacionadas con el juego y proveedores de servicios. La implantación se está realizando por etapas para garantizar una transición ordenada del sistema anterior al nuevo.
Lucha contra el mercado ilegal
Caulfield señala como segunda prioridad la actuación contra los operadores sin licencia. Considera que el mercado negro no solo supone una pérdida de supervisión regulatoria, sino también un riesgo directo para los menores y los jugadores vulnerables, además de una amenaza para los datos personales y la seguridad financiera. Según explica, las plataformas sin licencia atraen a menores y a personas con indicios de problemas de juego, no aplican controles de lucha contra el blanqueo de capitales y no ofrecen garantías fiables sobre pagos ni protección de datos.
“Cuando el juego opera sin licencia, desaparece la supervisión y el riesgo de daño aumenta de forma drástica”.
Caulfield afirma que el regulador ya trabaja con las fuerzas del orden, reguladores internacionales y socios tanto dentro como fuera de Irlanda.
Protección de los menores
La protección infantil ocupa un lugar central en la labor de GRAI. Caulfield considera que los límites de edad son una parte esencial de la regulación y subraya que las infracciones pueden acarrear sanciones severas.
“Irlanda cuenta ahora con las sanciones más severas de Europa para los delitos relacionados con la exposición de menores al juego, con penas potenciales de hasta ocho años de prisión para las infracciones que involucren a menores”.
Este enfoque va más allá de la aplicación de sanciones penales. GRAI ya ha restringido la publicidad en redes sociales e introducido límites para el uso de cajeros automáticos en establecimientos de juego.
Publicidad e incentivos
Incluso antes de conceder sus primeras licencias, el regulador ya estaba tomando medidas para limitar la publicidad del juego y los incentivos promocionales. En diciembre de 2024, GRAI se asoció con la Advertising Standards Authority for Ireland (ASA Ireland) para reforzar la supervisión y proteger al público frente a contenidos inapropiados. Entre las medidas adoptadas figuraba una restricción a la publicidad del juego antes de las 21:00 horas.
SiGMA News también informó sobre una investigación del Instituto de Investigación Económica y Social de Irlanda (ESRI), que concluyó que las apuestas gratuitas y las garantías de reembolso llevan a los jugadores a gastar un 10% más. Representantes de GRAI calificaron estos incentivos como perjudiciales, mientras que los investigadores pidieron cautela a la hora de interpretar los resultados.
Caulfield señala que las nuevas restricciones siempre afectan a los operadores, pero destaca que GRAI lleva a cabo consultas con la industria y publica orientaciones sobre los cambios relacionados con la publicidad y los incentivos. En los próximos meses, el regulador emitirá nuevas directrices y celebrará un seminario web para explicar cómo se aplicarán las obligaciones una vez entren en vigor las disposiciones. La supervisión se implantará de forma gradual, comenzando con aclaraciones y avanzando hacia un seguimiento activo. GRAI también tiene previsto explicar cómo evaluará las reclamaciones en virtud de la nueva legislación.
El registro nacional de autoexclusión
Al explicar por qué las personas necesitan la posibilidad de autoexcluirse, Caulfield hace referencia a una investigación realizada por ESRI en 2023.
“130.000 adultos en Irlanda sufren problemas relacionados con el juego. Otros 279.000 han sido identificados como personas con un riesgo moderado de sufrir daños asociados al juego”.
El registro nacional de autoexclusión se presenta como una herramienta fundamental. Permitirá que las personas que identifiquen señales de comportamiento perjudicial puedan autoexcluirse, convirtiéndose este mecanismo en una obligación legalmente vinculante.
“Será un delito penal que un titular de una licencia de juego remoto acepte pagos de una persona inscrita en el registro o facilite su participación en actividades de juego”.
GRAI afirma que hará cumplir esta obligación y que también promoverá activamente el registro para que quienes lo necesiten puedan utilizarlo. El regulador planea apoyarse en las aportaciones de las partes interesadas y en la investigación, además de respaldar servicios adicionales para quienes se inscriban.
El Fondo de Impacto Social
Otro elemento clave es el Fondo de Impacto Social. Se financiará mediante contribuciones obligatorias calculadas anualmente en función del volumen de negocio de cada licenciatario. Las medidas de reducción de daños dejarán de depender de iniciativas voluntarias para convertirse en condiciones operativas.
Caulfield explica que GRAI determinará cómo se asignarán los fondos. Estos recursos estarán destinados a reducir el riesgo de adicción, apoyar la recuperación, fortalecer la resiliencia comunitaria y disminuir la proporción de jugadores que sufren perjuicios relacionados con el juego.
El fondo también respaldará campañas de concienciación pública, herramientas de autoayuda y autoexclusión, vías de acceso a apoyo de terceros y mecanismos de protección en línea. El modelo está diseñado para que la industria no solo pueda operar, sino también para que financie infraestructuras de prevención, tratamiento e investigación social.
Irlanda aprende de Europa
Caulfield afirma que GRAI está construyendo su sistema basándose en la experiencia internacional. El regulador es miembro del Foro Europeo de Reguladores del Juego, que reúne a 41 jurisdicciones, y copreside el grupo de juego responsable.
GRAI ya ha firmado memorandos de entendimiento con la Comisión del Juego del Reino Unido, la Comisión del Juego de Bélgica, la Autoridad Reguladora de Gibraltar y la Comisión de Control del Juego de Alderney. Las conversaciones con otras jurisdicciones continúan en marcha.
Este artículo fue publicado por primera vez en la edición rusa de SiGMA News el 8 de junio de 2026.
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